Gobierno de EPN conserva a Províctima y le asigna presupuesto

domingo, 9 de diciembre de 2012
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En el proyecto de Presupuesto de Egresos 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto sí contempla la continuación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), la instancia creada por Felipe Calderón como respuesta a los reclamos de las víctimas de la violencia durante su sexenio, la cual nunca contó con presupuesto ni personal propio para operar. En el tomo 6 del proyecto existe un apartado etiquetado para Províctima de 448.9 millones de pesos, de los cuales 214 millones son para salarios del personal, 231 millones para gastos de operación y 2 millones para gastos corrientes. Sin embargo, algunos integrantes del Movimiento por la Paz que desde la transición de poderes cabildearon con el gobierno peñista la creación de un sistema nacional, aseguran que Províctima será paulatinamente desmantelada y los recursos pasarán al Sistema Nacional de Atención a Víctimas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto contempla destinar para las víctimas de la violencia otras dos partidas directas a la “Atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto”, con 211 millones 700 mil pesos y para “Atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas” con 233 millones 707 mil 890 pesos, las cuales aparecen en Hacienda y que crearían el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Las referencias apuntan a que el gobierno peñista aprobará el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, considerado en la Ley General de Víctimas que fue impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, avalada unánimemente en abril por el Poder Legislativo pero vetada por Felipe Calderón. Una de las primeras promesas y acciones del gobierno del priista fue desistirse de la controversia constitucional que la tenía empantanada. La ley vetada no consideraba la continuación de Províctima. En el último trimestre de su sexenio, Calderón declaró varias veces que la Procuraduría debería seguir e, incluso, equiparó su función con la de “El Buen Samaritano”, el personaje del Evangelio que curó y cuidó a un desconocido gravemente herido tras un ataque. En el proyecto de presupuesto se pretende etiquetar 119 millones de la PGR para “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, además del presupuesto que se destinará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ese fin. Durante el periodo de transición, integrantes del Movimiento por la Paz sostuvieron diversos encuentros con Claudia Ruiz Massieu, quien entonces era la encargada de derechos humanos, para analizar la aprobación de la Ley General de Víctimas, que el equipo jurídico de la Presidencia vetó por razones jurídicas, cuestiones monetarias (pues señalaba que el Estado y no los delincuentes deberían indemnizar a las víctimas) y por considerar que excluía a estados y municipios de la responsabilidad de atender a los ofendidos de delitos. Los encuentros han continuado. Una persona consultada por Proceso y que está al tanto de los encuentros con el nuevo gobierno señala que el presupuesto de atención a víctimas está “salpicado” en distintas secretarías, entre ellas la de Educación y de Salud, que contarán con recursos para que los familiares de las víctimas de delitos de alto impacto puedan continuar sus estudios y tengan acceso a la salud. Explicó que en la ley que entraría en vigor este sexenio se modificó la “compensación subsidiaria”, que implica que el Estado indemnice a las víctimas, que antes contemplaba todo tipo de delitos. La nueva ley sólo tomará en cuenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos graves ligados únicamente a “la libertad” y “la vida”, como son las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios, los secuestros, la desaparición forzada o la trata de personas. “El presupuesto destinado a Províctima se pasaría al sistema”, dijo. Hasta el momento se contempla que los bienes decomisados a la delincuencia organizada se destinen para reparar los daños a las víctimas de la violencia. Llama la atención que el dinero para atención a víctimas está enlistado junto al rubro de “Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público” que cuenta con 373 millones de pesos.

Comentarios