MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4, ubicado en Nayarit, denunciaron abusos cometidos por agentes federales que incursionaron al penal el lunes 13 para realizar un cateo sorpresa. En entrevista telefónica, Blanca Mesina, representante de expolicías municipales detenidos y torturados por militares en Tijuana, Baja California, entre noviembre de 2008 y marzo de 2009, relató que en el operativo los presos fueron golpeados con toletes, se les aplicaron descargas eléctricas y algunos otros fueron torturados. Destacó que a las nueve de la noche de ese lunes, medio millar de policías federales al mando de la directora del penal, Lorena Campuzano González, realizaron un cateo al interior de las celdas, así como revisiones exhaustivas a los reos, a quienes mantuvieron desnudos en el patio de la prisión hasta las seis de la mañana del martes 14. Como secuela del operativo, fueron canceladas las visitas familiares “hasta nuevo aviso”, en tanto que a los internos “se les advirtió que si denunciaban lo ocurrido, pagarían las consecuencias”, contó la defensora. Mesina Navárez, hija de uno de los expolicías torturados por militares que tuvo que huir unos meses de Tijuana, luego de recibir amenazas de muerte, destacó que “los internos contaron parte de lo ocurrido a sus familias en llamadas telefónicas y, con esa información, interpusimos una denuncia de hechos” ante la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La defensora representa a familiares de 35 reos, 23 detenidos en noviembre de 2008, y 12 en marzo de 2009, fecha en que fueron arrestados junto con otros 13 expolicías, quienes ya fueron liberados. Todos fueron entregados a militares por órdenes del entonces director de Seguridad Pública de Tijuana, el teniente coronel Julián Leyzaola --hoy con el mismo cargo en Ciudad Juárez, Chihuahua--, y torturados en el cuartel castrense Aguaje de la Tuna, para obligarlos a declararse culpables de estar al servicio del crimen organizado. “Hay una gran preocupación por lo que pueda ocurrir con los internos, pues un interno del primer grupo de expolicías municipales, Mario Andrés Estrella Flores, narró lo sucedido a su familiar por teléfono, y después nos enteramos que se encontraba en la enfermería del penal, severamente golpeado”, denunció Mesina Navárez. Lo que los reos contaron a sus familias fue que la noche del lunes 13 unos 500 policías federales, encapuchados y fuertemente armados, llegaron y “con palabras altisonantes” pidieron a los internos que sacaran las manos por las rejillas de las celdas para ser golpeados con los toletes. “Fueron desnudados y revisados como nunca, de la forma más degradante, sus celdas fueron cateadas y muchas de sus pertenencias fueron sustraídas; según tenemos información, algunos reos fueron separados para ser torturados; del grupo que represento, a uno de ellos, José Carlos Ávalos Ruiz, le fracturaron una rodilla; otro más, Pablo García, tiene lesionados los dedos, y a Jesús Jacobo Aguirre, de 70 años, le dio un infarto; este señor fue atendido por los propios internos, porque los custodios no quisieron llevarlo a enfermería”, acusó Mesina. Según la queja presentada ante la PGR, la acción policiaca es la primera demostración de fuerza de Campuzano González, quien sustituye en el cargo a María Mayela Almote Solís. En el documento se narra que Campuzano “estuvo presente en todo momento consintiendo todos los comportamientos de los agentes federales de los cuales se hizo acompañar”, y que mientras agredían a los internos, gritaban “ya se les fue su Mayela, ahora van a saber quién manda”. En la querella por “incomunicación, abuso de autoridad, lesiones, amenaza y los que resulten”, los familiares de los internos del penal de máxima seguridad aseguran que no fueron atendidas las lesiones causadas por la agresión y que tampoco se les han devuelto sus pertenencias, entre ellas sus uniformes, “dejando a algunos internos sólo en ropa interior”. También se puntualiza que los internos están incomunicados, pues se les prohibió “realizar la llamada telefónica a la cual tienen derecho cada nueve días, y se les han negado tanto la visitas familiares como la asistencia de abogados particulares y de oficio, sin explicación alguna”. Los denunciantes son Pedro Arce García, Jorge Paúl Becerra Topete, Sergio Campos Rivera, Javier Enrique Cárdenas Salgado, Galo Hernán, Carrillo Vázquez, Moisés Díaz Neri, Juan Arturo Domínguez Salmerón, Mario Andrés Estrella Flores, Gilberto Fimbres Fimbres, Pablo García González, Jesús Jacobo Aguirre, Javier Márquez León, Juan Manuel Nieves Reta, Jorge Quintero, José Luis Ramírez Pineda y Rigoberto Rodríguez. Además de Felipe Sánchez Amézquita, Luis Alonso Sedano Morales, Mario Alberto Apodaca, Jaime Alberto Ávila Flores, José Carlos Ávalos Luis, Jaime Berumen Borrallo, Salvador Bolaños Sánchez, Carlos Cervantes Álvarez, Raúl Delgado Rivera, Maximinio García Luna, Víctor Manuel Méndez González, Omar Medina Ricardo, Rodolfo Ismael Nava, Luis Alberto Toledo Coello y Samuel Alonso Ureña Baro. Luego de proporcionar los nombres de los 35 expolicías de Tijuana internos en el Cefereso 4, se hace responsable de su seguridad e integridad a la directoral del penal, Lorena Campuzano González.