MONTERREY, N.L. (apro).- El vocero de seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, informó que un cabecilla del cártel del Golfo y dos de sus cómplices fueron asesinados esta mañana en el penal de Topo Chico. En entrevista con la televisión local, el funcionario señaló que Alan Josué González Rojas, Alane, de 24 años; Jorge Eduardo González Salas, de 32, y Dewin Vianey Rojas Martínez, de 28, fueron detenidos el 31 de enero y que el pasado jueves 16 fueron presentados por la Agencia Estatal de Investigaciones. Domene Zambrano dijo que González Roja era señalado como el líder del cártel del Golfo en el municipio de Allende, ubicado 100 kilómetros al sur de la capital. Durante su presentación, apuntó, se informó que Alane había obtenido hasta 15 millones de pesos por el pago de rescates, y también se le acusaba de ser el responsable de diversos homicidios. Como presuntos responsables de las tres muertes fueron señalados los internos Eduardo Sánchez Contreras, de 21 años, (acusado de robo con violencia), y Jesús Sandoval Gámez, de 32, preso por homicidio calificado. De acuerdo con Domene, la triple ejecución ocurrió cuando los dos hombres se encontraban en el área de observatorio y la mujer en enfermería, esperando ingresar al reclusorio de Topo Chico, ubicado en la zona norte de Monterrey. Según el vocero de seguridad, el ataque con armas punzo cortantes fue directo contra las víctimas, y ya se investiga si hubo complicidad de los custodios. El triple homicidio ocurrió apenas dos días después de la ejecución de 44 internos relacionados con el cártel del Golfo, en el penal de Apodaca, de donde además se fugaron 30 reos vinculados con Los Zetas. Tras el homicidio de este martes, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) manifestó su indignación, debido a que el gobierno de Nuevo León, dijeron, ha fallado en su tarea de proteger las garantías de los internos en los centros penitenciarios. En un comunicado, Cadhac consideró “increíble” la versión de que únicamente dos internos hubieran participado en el asesinato, y señalaron que en el hecho seguramente hay trabajadores penitenciarios involucrados. “Resulta preocupante que la autoridad pueda creer la versión que ha difundido de que fueron dos internos del fuero común quienes los asesinaron, sin valorar el entorno de corrupción e impunidad que impera en todos los centros penitenciarios, el cual vuelve mucho más vulnerable a toda la población penitenciaria, que bien puede estar siendo ‘obligada’ a cometer hechos delictivos”, se lee en el texto.