MÉXICO, D.F. (apro).- El PRI presentó hoy una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien o quienes resulten responsables de haber filtrado al diario Reforma el expediente penal que incrimina a los exgobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en turbios negocios con la expropiación y venta de inmuebles, uso de prestanombres y recursos del narcotráfico.
En conferencia de prensa, el secretario jurídico del CEN del PRI, Raúl Cervantes, detalló los términos de la querella interpuesta ante la dependencia que dirige Marisela Morales.
“El día de hoy el periódico Reforma señala que tuvo acceso a una averiguación previa. El artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y el 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada marca quiénes pueden tener acceso o no (a la indagatoria); que se haya permitido tener acceso a un tercero comete un delito, el servidor público, no el periodista”.
Cervantes recordó que, legalmente, sólo pueden tener acceso al expediente el inculpado, el defensor, la víctima y el ofendido, y, en los casos de delincuencia organizada, sólo el inculpado y su defensor.
Asimismo, subrayó que al permitir el acceso a una averiguación previa se violenta la obligación de proteger los datos personales de los inculpados y el principio de presunción de inocencia.
Con base en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009, el diario señala que los exmandatarios Cavazos Lerma –actual candidato a Senador–, Yarrington y Hernández, en sus respectivas administraciones, expropiaron bienes y muebles y los vendieron luego a prestanombres, quienes habrían construido fraccionamientos de lujo con recursos provenientes del narcotráfico, particularmente de “Los Zetas” y el cártel del Golfo.
Las imputaciones hacia los exgobernadores se desprenden de denuncias anónimas de afectados y de un testigo protegido identificado como El Pitufo, un exintegrante de “Los Zetas” que declaró durante un juicio que su banda gozaba de la protección de los gobiernos tamaulipecos.
En la indagatoria abierta por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y enriquecimiento ilícito, se consigna también que el exmandatrio Eugenio Hernández rindió declaración ministerial sobre el particular hace dos años y que uno de los personajes claves en los negocios inmobiliarios es el empresario Mohamed Farough Fatemi Corcuera, identificado como supuesto prestanombres de Cavazos y Hernández.
De acuerdo con el abogado priista, “no es un tema menor el que se pueda tener acceso o no, la averiguación ni es un tema de transparencia, ni de libre expresión, ni de acceso a información, es una información privilegiada la cual debe tener una protección constitucional.
“Los servidores públicos –dijo– están en un supuesto específico y entonces cometen el delito de administración de justicia y se comete un delito federal”, indicó el abogado, y agregó que obligadamente un funcionario del Gobierno federal fue quien filtró la averiguación”.
Cervantes confió, asimismo, que de los tres exgobernadores, sólo Cavazos Lerma se ha acercado al partido para comentar con ellos el tema y que el partido le ha sugerido que pida formalmente a la Procuraduría un informe para saber si hay una averiguación previa.
En la conferencia, el priista señaló que por ningún motivo permitirán que la PGR haga un uso político de la justicia.
“Cuando se comienza a utilizar la procuración de justicia, filtración de información privilegiada, cierta o no, como el caso de Jalisco (... ) lo único que se está abonando es a tener una inseguridad y no una certeza que es lo que están buscando los partidos y los ciudadanos”, sentenció.