OAXACA, Oax. (apro).- En los últimos dos años del gobierno de Felipe Calderón se incrementó en 550% el número de quejas por tortura, particularmente en casos relacionados con el arraigo, sostuvo Silvano Cantú, director de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Cantú Martínez denunció que el arraigo es “hoy por hoy una de las figuras jurídico penales que representan una puerta abierta a la tortura en México”. En las mesas de diálogo Recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura, en las que participaron autoridades gubernamentales, organizaciones civiles e instituciones internacionales como Naciones Unidas (ONU) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cantú Martínez destacó que algunos “focos rojos” que han detectado es la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Según información que han recabado tanto ONG como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resaltó el activista, se pudo establecer una conexión directa entre la práctica de la tortura y la militarización de la seguridad pública y de la justicia penal. Muestra de ello, ejemplificó, es que 38% de los estados del país cuentan con mandos policiacos militarizados. A ello, acusó, hay que sumar el fenómeno de las detenciones masivas, a las que también se denomina “fiestas punitivas”. En el 2011 se realizaron detenciones masivas que representan 80% de todas las capturas del sexenio pasado con participación directa de militares, entonces, se prevé que por ello repunte el fenómeno de la tortura. Más aún, denunció, de los 6 mil 600 arraigos ejecutados en los últimos dos años y medio de Calderón, sólo existe 3% de efectividad, y al resto se le libera por falta de pruebas. Cantú Martínez destacó que, en el tema de los arraigos, la CNDH documentó hasta 41% de casos de tortura, sin embargó, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de ONU menciona que el porcentaje puede llegar hasta 50%. En el encuentro organizado por los centros de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco y de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, el activista manifestó “que las instituciones del estado de Oaxaca tienen una oportunidad privilegiada para marcar un antes y después, es decir, privilegiar para marcar un antes en estas inercias autoritarias y evidenciar que no cambiaron sólo la envoltura y garantizar para Oaxaca un fututo mucho más democrático”.