Desecha la SCJN controversia por disputa en Los Chimalapas

martes, 7 de febrero de 2012
OAXACA, Oax. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por “notoriamente improcedente” las tres controversias constitucionales promovidas por el gobierno de Oaxaca y los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapas, contra la constitución del municipio Belisario Domínguez, en territorio chiapaneco que se disputan ambas entidades en la región de Los Chimalapas. Al referirse a la decisión de la corte, el gobernador de Oaxaca anunció que su gobierno presentará un recurso de reclamación ante la SCJN, y advirtió que continuarán con la legítima defensa de la soberanía estatal y el territorio de los pueblos zoques. El gobernador Gabino Cué aclaró que, además de la SCJN, recurrirá a la vía del amparo y al Senado de la República, aunque explicó que no se trata de un problema de límites, sino de invasión de territorio oaxaqueño. Insistió en que la defensa de los Chimalapas apenas comienza y que ésta no se termina con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una vez que el ministro de la Corte, Jorge Pardo Rebolledo, desechó por notoria improcedencia las controversias constitucionales promovidas, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, sostuvo en conferencia de prensa que con la unidad de los tres Poderes del estado, la administración de Gabino Cué continuará asumiendo de “manera firme y enérgica” la defensa del territorio chimalapa y de la soberanía del estado. “La razón legal e histórica nos asiste”, puntualizó. Autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, así como diputados del PAN, PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, manifestaron su decisión de caminar juntos con los demás poderes del estado para no permitir que se afecte la soberanía de Oaxaca. Martínez Álvarez recordó que el estado de Chiapas cometió un “acto de provocación” al haber creado en noviembre del 2011 un municipio dentro del territorio de Oaxaca, por lo que los días 18 y 19 de enero, se interpusieron tres Controversias Constitucionales. Comentó que en su momento se presentaron las pruebas para demostrar los límites territoriales de ambas entidades. “Inclusive hemos presentado además de la investigación jurídica, la documentación científica, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que posee todos los planos, desde la anexión de Chiapas al territorio mexicano, hasta nuestro días, y todos ellos coinciden perfectamente con estos límites”, puntualizó. Para Martínez Álvarez así como para las comunidades zoques no existe ningún conflicto de límites territoriales, sino el hecho constituye una invasión al territorio oaxaqueño y al de los chimalapas. La decisión del ministro instructor “se sustentó, en su concepto, en que hay un conflicto de límites entre los estados de Oaxaca y de Chiapas”. No obstante, explicó, las constituciones de las dos entidades son coincidentes en señalar la línea limítrofe. “No estamos frente a un conflicto limítrofe, estamos frente a una invasión”, insistió. A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Juan Mendoza Reyes, afirmó que se actuará en un solo frente para interponer los recursos legales necesarios. Recalcó que las constituciones de Oaxaca y Chiapas establecen muy claramente la línea de ambos territorios. Por ello, a los oaxaqueños nos asiste legalmente la razón y la SCJN tiene que entenderlo así. Por su parte, el diputado del PT, Flavio Sosa Villavicencio, integrante de la Comisión Especial del Congreso del estado para la Atención del Problema en los Chimalapas, hizo un llamado al máximo tribunal de justicia del país, para que asuma su responsabilidad histórica y corrija su actuación respecto a la controversia constitucional interpuesta por las comunidades chimas y los poderes constitucionales de Oaxaca. Afirmó que la opinión de los ministros de la SCJN constituye “una actitud de desprecio hacia el pueblo indígena zoque, al no considerar lo establecido en los tratados internacionales suscritos por el gobierno de México ni en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

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