MÉXICO, D.F. (apro).- Por infringir el beneficio de la libertad caucional, un juez penal ordenó este miércoles la reaprehensión del exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal Hernández, uno de los principales implicados en el llamado “moreirazo”. Domingo González Favela, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó lo anterior y añadió que el colaborador del exmandatario de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, no ha acudido a firmar la libreta de libertad condicional, como lo establece la ley. “Lo estamos buscando, no sabemos (dónde está)”, dijo el funcionario. Sin embargo, indicó que buscarán a Villarreal en México, Estados Unidos y aclaró que si es necesario lo boletinarán a la Interpol. El exservidor público coahuilense es señalado como pieza fundamental en el endeudamiento del gobierno de Coahuila en la gestión de Humberto Moreira que pasó de 300 millones a casi 34 mil millones de pesos. “Es un proceso normal. En todos los procesos, cuando el inculpado está sujeto a un beneficio y no se cumple con algunos requisitos que se le imponen para la vigilancia de éste, el acusador tiene derecho a solicitar que se revoque. “¿Qué es lo que hacemos cuando no se presenta? Hacemos la solicitud de que se revoque la libertad bajo caución, y el juez con sus facultades revoca ese beneficio”, explicó González Favela. De acuerdo con el fiscal, el exsecretario ejecutivo del SATEC está acusado de fraude en su modalidad de simulación de actos jurídicos y uso de documentos falsos con presunta participación en la contratación de créditos bancarios en forma irregular. El fiscal dijo que la orden para recapturar a Javier Villarreal la otorgó el juez de la causa hace una semana aproximadamente. El exfuncionario fue arrestado el viernes 28 de octubre de 2011, pero sólo estuvo unas 15 horas en prisión y salió libre bajo caución, mediante el pago de una fianza de 10 millones de pesos. La FGE también obtuvo una orden de reaprehensión contra Ricardo Fuentes Flores, quien fungió como administrador general de Políticas Públicas del SATEC. Durante la administración de Humberto Moreira, el gobierno de Coahuila atendió una deuda de casi 34 mil millones de pesos a través de varios créditos bancarios, muchos de los cuales se tramitaron con documentos falsos.