MÉXICO, D.F. (apro).- A petición de la Procuraduría General de la República (PGR), un juez de Distrito libro hoy cinco órdenes de aprehensión más –van siete– contra igual número de implicados en el  sobreendeudamiento del estado de Coahuila, entre los cuales se encuentra el exoperador financiero de Humberto Moreira. Se trata de cinco exservidores públicos estatales, actualmente prófugos, quienes son acusados de obtener un crédito de mil millones de pesos con documentación apócrifa. Los implicados son: Miguel Ramón Rodríguez Flores (extitular de la Tesorería General de Coahuila); Héctor Javier Villarreal Hernández (exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria y brazo derecho del exgobernador Humberto Moreira); Sergio Ricardo Fuentes Flores (exadministrador general de Políticas Públicas del Satec); Juan Manuel Froto García (exdirector general del Fondo de Garantías para el Impulso de la Microempresa), y Enrique Ledezma Sánchez (exsubadministrador de Políticas Públicas del Satec). En conferencia de prensa, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica, explicó que en la indagatoria número UEIDFF/FINN17/330/2011se encuentran relacionados dos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda: Jaime René Jiménez Flores (exdirector de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y Jorge López Alarcón, exjefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la misma unidad. Ambos exservidores públicos, puntualizó el funcionario de la PGR, se encuentran detenidos desde el pasado jueves 2 en el Reclusorio Norte de esta ciudad. Sobre el exgobernador y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, Barrios Mójica subrayó que hasta el momento no ha sido citado a declarar, aunque aclaró que no se descarta que él y otros funcionarios tengan que rendir su declaración ministerial por la megadeuda contratada ilegalmente. De acuerdo con la PGR, los exfuncionarios coahuilenses tramitaron el crédito por mil millones de pesos “al presentar en el Banco del Bajío documentación falsa, consistente en un decreto en el que supuestamente el H. Congreso de Coahuila autorizaba al gobierno a endeudarse y que se afectarán en garantía de pago los ingresos de las participaciones federales”. Según la indagatoria, el 16 de diciembre de 2010 se firmó el contrato de crédito simple y el 14 de febrero de 2011 exservidores públicos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, en complicidad con los servidores públicos de Coahuila, usaron un sello falso y alteraron el contrato respectivo, sentando que el crédito había sido inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP, lo que originó que la institución bancaria liberara los recursos el 18 y el 24 de febrero de 2011, con lo cual se puso en “peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en el patrimonio de la institución de crédito y en consecuencia su estabilidad”.