MÉXICO, D.F. (apro).- A casi ocho años de haber otorgado una millonaria dádiva al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá entregar una copia del convenio mediante el que asignó esos recursos a la organización que encabeza el priista Carlos Romero Deschamps. El 26 de junio de 2004, a través del Convenio Administrativo-Sindical 10275/04, Pemex y el STPRM concluyeron una revisión contractual y un incremento salarial, que incluía la entrega de mil 724 millones 518 mil 939 pesos, sin que dicho monto haya sido autorizado por el Consejo de Administración, la Secretaría de Energía (SE) o la de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A pesar de que con ello comprometió recursos públicos federales, en diferentes oportunidades Pemex ha declarado la información relativa al caso –conocido como “el segundo Pemexgate”-- bajo reserva, intentando evitar que sea de dominio público. No obstante, a cada clasificación de reserva por parte de la paraestatal, se han opuesto cinco recursos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), que una vez más ha instruido se transparente la información sobre las dádivas entregadas al sindicato petrolero. Además, existe un fallo de un Tribunal Colegiado, por el que se ordenó a Pemex entregar la información, pues la declaratoria de reserva expiró en enero de 2011. Esta vez, al resolver el expediente 5612/11, el IFAI volvió a instruir a Pemex la entrega de una copia electrónica del mencionado acuerdo, además de instar a la paraestatal para que se abstenga de clasificar información en otras oportunidades. La sustanciación del expediente estuvo a cargo de la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal, luego que Pemex insistió en reservar la información por formar parte de diferentes procesos penales y administrativos a partir de octubre de 2010. La ponencia de Peschard dejó expuesto que había informes, documentos y notas periodísticas que dan cuenta de los términos del proceso de revisión salarial y la firma del convenio. Además, consideró que si bien el convenio dio origen a un procedimiento de responsabilidades administrativas y forma parte de una averiguación previa y juicio de nulidad, de ningún modo Pemex acreditó que la difusión de ese documento perjudicaría la persecución de delitos o la impartición de justicia, ni que afectara estrategias procesales del caso. La resolución del IFAI también señala que, independientemente de los procesos a que haya dado lugar el asunto, se trata de recursos públicos que son de carácter público. Con lo anterior, el IFAI resolvió que Pemex debe entregar la copia electrónica del convenio al particular que hizo la solicitud respectiva.