MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general una ley para prevenir y sancionar el delito contra la trata de personas, en la que se establecen de 10 a 20 años de prisión a quien “enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue para sí o un tercero a una o varias personas con fines de explotación”. Luego de varias horas de discusión, sin que nadie se opusiera a la nueva ley, la aprobación en lo particular no se concretó debido a la falta de quórum. El primer llamado a quórum reunió a 244 diputados y el segundo a 212, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Guadalupe Acosta Naranjo, tuvo que suspender la sesión. Se espera que el próximo martes 20 la ley se apruebe en lo particular. Además, se prevé que ese mismo día se aborde el tema de los feminicidios, sobre todo los casos no resueltos en el Estado de México durante la gestión de Enrique Peña Nieto. La ley para prevenir y sancionar el delito contra la trata señala que se entenderá como “explotación” de personas la laboral, así como los trabajos o servicios forzados, la prostitución u otras formas de explotación sexual, matrimonios forzados o serviles, esclavitud o prácticas afines a la esclavitud, servidumbre, corrupción de personas menores de 18 años, turismo sexual infantil, pornografía infantil, explotación en la mendicidad ajena, adopción ilegal con propósitos de explotación sexual y venta de personas. Al fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Olga Luz Espinosa Morales recordó que México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, y es el principal consumidor  mundial de personas en situación de trata con cualquier fin. “Más de 30 mil menores son víctimas de trata con fines de explotación sexual y 80% de ellos tienen entre 10 y 14 años de edad”, puntualizó. Espinosa Morales calificó la trata de personas como “la peor forma de esclavitud en este siglo”, y consideró que el tema debe ser prioridad nacional para acabar con “esta oscura actividad delincuencial”. Añadió: “La trata de personas es un atentado de carácter global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Nuestro país es fuente, tránsito y destino de hombres, mujeres, niñas y niños sujetos a la trata, especialmente en lo relacionado con la prostitución y el trabajo forzado”. El Partido del Trabajo, en voz de Jaime Cárdenas, reconoció que después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, la trata de personas es la más redituable. “Es una actividad ilícita muy lucrativa”, dijo, y puso como ejemplo que en el dictamen se incluya el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en personas. A su vez, Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) ejemplificó las ganancias que aporta la trata de personas: más de 42 mil millones de dólares anuales. La importancia de la nueva ley, agregó, radica en que pese a que desde 2007 se estableció en el marco jurídico la trata de personas, en el país sólo hay cuatro sentenciados por ese delito en el fuero federal y nueve en el fuero común, en el Distrito Federal. El PAN, en voz de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, consideró la trata como “la esclavitud humana del nuevo milenio. Nuestro país esta catalogado como nación de origen, tránsito y destino de esta actividad. Además, debemos tener en cuenta que la trata de personas es un delito que ha creado grandes redes delictivas, incluyendo la delincuencia organizada (sic)”, dijo. La nueva ley abroga la llamada Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y una vez que sea aprobada en lo particular y luego avalada por el Senado y los congresos locales, se llamará Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.