MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Felipe Calderón se comprometió a dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, luego de que la víspera uno de los especialistas de la organización, Ariel Dulitzky, difundió oficialmente el documento en Ginebra. En un comunicado conjunto, firmado por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y por la Procuraduría General de la Republica, se dio respuesta, en parte, a los señalamientos graves consignados en el informe del GTDFI, que concluyó que en México “la impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas, y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación”. Según el texto, “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”. En respuesta al diagnóstico de los expertos de la ONU, las dependencias federales respondieron que el Estado mexicano “ha realizado grandes esfuerzos institucionales para prevenir las desapariciones forzadas, incluyendo acciones específicas en los cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno”. De manera específica, se refirieron a las desapariciones forzadas ocurridas durante el periodo conocido como “la guerra sucia” de los años sesenta a ochenta, que dieron lugar a la recomendación 26/01 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó sólo 275 casos de cientos de denuncias de familiares de víctimas y representantes de organizaciones no gubernamentales. En el comunicado conjunto, las dependencias resaltan la creación del Programa Administrativo de Reparación del Daño, coordinado por Gobernación, “para brindar atención a las víctimas y familiares que fueron acreditadas” en la recomendación. En 2011, según el gobierno federal, 24 familias fueron beneficiadas. En cuanto a las investigaciones, asegura que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, de la PGR, es la responsable de “dar continuidad a esos asuntos”, y que no se han suspendido las indagatorias. Según las dependencias, muestra de la continuidad de las investigaciones son las excavaciones realizadas en Atoyac para continuar la búsqueda de los restos del señor Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 por militares, en apego a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La búsqueda, según la PGR, se realizó con mecanismos “apegados al Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y bajo coadyuvancia en la investigación con los familiares, garantizando así el acceso a la justicia”. Sin hacer mención a los miles de casos de desaparecidos durante la “guerra contra el narcotráfico”, las dependencias enunciaron una serie de reformas legislativas e iniciativas enviadas al Congreso de la Unión como “esfuerzos institucionales” para erradicar las desapariciones forzadas. Entre las medidas mencionadas están la iniciativa para la creación de un Mando Único Policial, la propuesta de reforma de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, y los acuerdos entre procuradurías para aplicar protocolos para la identificación genética, antropométrica y dactilar, así como para la creación de bases de datos de personas no localizadas.