MÉXICO, D.F. (apro).- El titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal, giró hoy cuatro nuevas órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del gobierno de Coahuila involucrados en la contratación ilegal de créditos para el gobierno de Coahuila entre 2010 y 2011, mediante documentos falsos. De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Jaime René Jiménez Flores, exdirector de Deuda Pública, y Jorge López Alarcón, exjefe del Departamento de Honorarios. Ambos estaban adscritos a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. Actualmente, ambos personajes están presos en el Reclusorio Norte. Las otras dos órdenes de aprehensión fueron giradas por el juez en contra de Héctor Javier Villarreal Hernández, exdirector del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), y Sergio Ricardo Fuentes Flores, exdirector de Políticas Públicas del mismo organismo. Ambos se encuentran prófugos junto con otros cinco exfuncionarios de Coahuila. Este día, el CJF informó también que el juez dictó un auto de formal prisión más –el segundo– en contra de Jorge López Alarcón. De acuerdo con la resolución, los exservidores públicos tramitaron ante el Banco Santander dos solicitudes de crédito por dos mil 100 millones de pesos. Para garantizar ante el banco el pago de los empréstitos con participaciones federales, utilizaron registros falsificados de su inscripción ante la Secretaría de Hacienda. A López Alarcón se le acusa de haber inscrito el adeudo adquirido por exfuncionarios de Coahuila en los registros de la SHCP y debido a que el delito que se le imputa es considerado grave, tendrá que permanecer en prisión durante el juicio. El primero de los contratos ilegales fue suscrito el 12 de julio de 2010 por un monto de hasta mil 100 millones de pesos; el otro corresponde al 28 de marzo de 2011 y ampara los mil millones restantes. El juez Eduardo Torres Carrillo giró las órdenes de captura y remitió el expediente a Porfirio Huitrón Vázquez, secretario encargado del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, debido a que conoció previamente un expediente relacionado con el mismo asunto. El juzgado reveló que los peritajes de grafoscopía de la Procuraduría General de la República (PGR) concluyeron que la letra manuscrita que aparece en los sellos de la SHCP sobre los documentos con los que se inscribieron los créditos ante la Federación, es de López Alarcón. Durante las pesquisas se pudo comprobar que no había registros de los contratos 415/2010  y 178/2011 con los que supuestamente se habían dado de alta ante Hacienda. También se corroboró que los sellos de la SHCP impresos en los documentos de dichos registros son falsos. Según Huitrón Vázquez, en su declaración preparatoria, el ahora procesado negó las acusaciones en su contra, pero no aportó elementos de prueba suficientes que lo desvincularan del modo, tiempo y lugar en el que se suscitaron los hechos. El de hoy es el segundo expediente consignado por la PGR contra el llamado “Moreirazo”. A principios de febrero el Juzgado Décimosexto de Distrito con sede en el Reclusorio Norte, ordenó la aprehensión de siete exfuncionarios que contrataron un crédito por mil millones de pesos con el Banco del Bajío.