MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de un ríspido debate y una votación dividida, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó hoy, en sesión extraordinaria, que el mandatario Felipe Calderón no violó la Constitución ni infringió la legislación en la materia el 23 de febrero, cuando –ante consejeros de Banamex– difundió datos de una encuesta encargada por la propia Presidencia en la que se observa una diferencia de apenas cuatro puntos porcentuales entre el priista Enrique Peña Nieto y la panista Josefina Vázquez Mota en las preferencias electorales. Con el voto a favor de cinco consejeros –Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE; Lorenzo Córdova, Macarita Elizondo, Benito Nacif, y María Marván–, y cuatro en contra –Marco Antonio Baños, Alfredo Figueroa, Sergio García Ramírez y Francisco Guerrero–, fue aprobada la resolución, propuesta por la Secretaría Ejecutiva del IFE, que absuelve a Calderón de la comisión de actos anticipados de campaña y de una serie de conductas violatorias de la Constitución y la normatividad electoral del país, como habían denunciado PRI y PRD. Era larga la lista de acusaciones contra Calderón Hinojosa, el PAN y funcionarios de la Presidencia que, según la queja de esos dos partidos, se desprendían de la participación del Ejecutivo federal con los consejeros del Grupo Financiero Banamex. Entre ellas, las siguientes: –Que al mostrar una gráfica en la que se observa sólo una diferencia de cuatro puntos entre el candidato presidencial del PRI y la candidata del PAN, Calderón contraviene “lo dispuesto por el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el Titular del Poder Ejecutivo interviene a favor del partido político al que pertenece y su candidata a la Presidencia de la República, al difundir resultados de encuestas o estudios de opinión de preferencias electorales, ordenadas por la Presidencia de la República.” –Que en esa reunión del 23 de febrero, Calderón “realizó pronunciamientos a favor del Partido Acción Nacional y de la C. Josefina Vázquez Mota, al señalar que se ubicaba en un buen posicionamiento de preferencia electoral conforme a encuestas de opinión de la dependencia gubernamental de la Presidencia de la República.” –Que esa conducta del presidente, además de implicar “una intromisión en el proceso electoral a favor del Partido Acción Nacional y su candidata a la Presidencia, también conlleva una ilegal utilización de recursos públicos, aplicados para la realización de estudio de opinión de preferencias electorales.” –Que la encuesta aludida “se encuentra al margen de la ley, al no haberse entregado copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo de este Instituto y difundirse públicamente.” –“Que la difusión de un supuesto resultado de un estudio de preferencia electoral, al no estar respaldado conforme a lo dispuesto por el artículo 237, párrafo 5 y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye un acto anticipado de campaña” del presidente de la República”. –“Que se vulnera flagrantemente el principio de imparcialidad y equidad que debe imperar durante el proceso electoral federal, sobre todo en el tiempo de intercampañas.” –Que el presidente Felipe Calderón, militante distinguido de su partido, el PAN, “originó un verdadero cataclismo político cuando ante un nutrido grupo de consejeros bancarios aseguró que Josefina Vázquez Mota, al mejor estilo de las carreras parejeras, prácticamente se colocó en un empate técnico con Enrique Peña Nieto en las simpatías electorales”, y –Que el presidente de la República, “en un periodo hábil y laborable, actuó con la intención de posicionar y difundir ante la ciudadanía una candidatura en los tiempos prohibidos por la ley.” Pero todas esas acusaciones fueron desechadas por el IFE, que en la resolución propuesta por su Secretaría Ejecutiva, niega que Calderón haya incurrido en proselitismo a favor de Vázquez Mota o de su partido, a los que –dice la resolución– ni siquiera mencionó por su nombre. Argumenta también que las gráficas presentadas por Calderón, sobre preferencias electorales, ni contenían una plataforma electoral, ni se promovía a ningún ciudadano, ni se hizo alusión expresa a partido político o candidato alguno. En suma, que las conductas del presidente, el 23 de febrero ante los consejeros de Banamex, “no constituyen actos anticipados de campaña electoral.” Con base en ello, además de que se trató de un acto privado –así decía el proyecto de resolución; pero luego los consejeros (6 contra 3), en el debate de hoy, decidieron que sí había sido un acto público--, el Consejo General del IFE declaró hoy “infundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Titular de la Administración Pública Federal”. Y lo mismo aplicó para los funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, coacusados por PRI y PRD junto con Calderón. Prácticamente todos los consejeros, aun los que votaron a favor de la resolución absolutoria, y los representantes de los partidos, cuestionaron el proceder del presidente Calderón, que se llevó calificativos como los de irresponsable, mentiroso e inmaduro, entre otros. Pero al final, de parte de un contradictorio presidente del IFE, Leonardo Valdés, el presidente Calderón sólo se llevó un “llamado respetuoso, pero enérgico” –extensivo a gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos--, para que “respeten el marco legal y eviten que sus actuaciones incidan en la contienda electoral”, con el fin de que “prevalezca la equidad en la contienda electoral”. Sin embargo, Valdés Zurita buscó pintar su raya: “No obstante, en el caso que estamos analizando, tengo la convicción jurídica de que no se puede probar alguna infracción por los hechos denunciados”.