MÉXICO, D.F. (apro).- El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y el párroco Pedro Pantoja Arreola, acusaron al gobierno de Felipe Calderón de responder a intereses de empresarios y de actuar en contra de trabajadores, una vez más, al promover la declaratoria de quiebra de una empresa en Parras, Coahuila. Acompañados de sindicalistas de la fábrica textil La Estrella, los sacerdotes denunciaron que después de 280 días de huelga, las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) han respaldado al dueño de la empresa, José Antonio Rivero Larrea, para declarar en quiebra a la compañía y pagar liquidaciones 40% por debajo de lo legal a 400 obreros. Pantoja Arreola acusó a las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de provocar, con la quiebra de esta empresa “el caldo de cultivo del que se alimentan los grupos de la delincuencia organizada, la pobreza y el desempleo”. El obispo de Saltillo, quien se ha distinguido por su defensa de los derechos humanos y ha sido impulsor de la recuperación de cuerpos de mineros aplastados por una explosión en Pasta de Conchos, manifestó su indignación porque después de más de nueve meses de huelga, Rivero Larrea “se ha negado a dialogar con los obreros, pretendiendo cerrar la fuente de empleo para estas familias, mientras las autoridades de la Junta Federal permiten el atropello contra los obreros”. Rivero Larrea es dueño también de la Minera Autlán, de Grupo Ferrominero México; de viñedos en Parras y de empresas textiles en Puebla, apuntó el obispo Vera. La Estrella tiene una producción mensual de entre 800 mil y un millón de metros lineales de mezclilla, de la cual 80% se exporta a Estados Unidos y Europa, mientras el resto es para consumo nacional, informó Reynaldo Aguilera, secretario general del Sindicato de Obreros Progresistas de La Estrella (SOPE). El sindicalista explicó que tomaron la decisión de lanzarse a la huelga luego de que Rivero Larrea pretendiera “rasurar” el contrato colectivo de los trabajadores, entre ellos disminuir a la mitad el aguinaldo y eliminar las prestaciones ganadas en 110 años de existencia de la empresa; de lo contrario, amenazó con liquidar a todo el personal, como ocurrirá. Para el obispo, el abandono en que las autoridades federales dejaron a los 400 trabajadores “es un paradigma de lo que está ocurriendo en el país, donde no hay protección y todo es inseguridad; donde los empresarios pueden lanzar a la calle a los obreros con la mano en la cintura, con el aval de funcionarios públicos, como los de la Secretaría del Trabajo”. Reynaldo Aguilera sostuvo que la intención de los obreros es conservar su fuente de trabajo, y que si se fueron a huelga fue porque no estaban dispuestos a perder su capacidad económica. “En Parras sólo hay tres empresas, sólo hay secundarias y si queremos que nuestros hijos estudien tenemos que enviarlos a Torreón o Saltillo; desde que empezó la huelga nuestros hijos se quedaron sin escuela porque no tenemos para pagar su alimentación y estancia, pero igual sería si aceptáramos que se rasurara el contrato colectivo”, comentó. El sindicalista añadió que mientras el dueño de La Estrella argumenta que los trabajadores son intransigentes, ellos han tocado las puertas a su alcance en busca de mediadores. “Le enviamos cartas al gobernador Rubén Moreira, y el nos envió al secretario general de Gobierno, Miguel Riquelme; nos dijo que iba a hablar con el dueño para que no cerrara la fuente de trabajo, pero hasta ahora no nos han dado respuesta”, apuntó.