Juez ampara para investigar tortura
México, DF., (apro).- El juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, concedió un amparo a un detenido para que el juez penal que lleva su causa investigue si la policía judicial lo torturó para declararse culpable del asesinato de un empresario.
El juez auxiliar aplicó a favor del acusado las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, los tratados internacionales asumidos por México y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
El acusado, que promovió el amparo contra su formal prisión, alegó que la confesión que rindió ante el Ministerio Público le fue “arrancada” mediante tortura por parte de elementos de la policía ministerial del estado de Chiapas.
En marzo de 2011, un grupo de hombres armados emboscó a un empresario y lo asesinó en una carretera de esa entidad. La policía ministerial detuvo a varias personas, entre ellas el ahora amparado.
En su declaración ministerial, el acusado se asumió culpable no sólo de ese asesinato, sino de otros más.
Un certificado médico verificó que antes de que diera esa declaración, el acusado presentaba heridas. A pesar de ello, el Ministerio Público lo consignó por homicidio calificado.
Pero en su declaración preparatoria ante el juez penal, el acusado se retractó. Alegó que había sido torturado por los policías ministeriales que lo detuvieron para que se declarara culpable.
El juez penal que le dictó el auto de formal prisión por homicidio ahora tendrá que ordenar “a una institución estatal” una investigación imparcial sobre la alegada tortura en la que las autoridades demuestren que sus agentes no obtuvieron la declaración inculpatoria mediante tormentos.
El juez auxiliar aplicó a favor del inculpado –quien seguirá en prisión– la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, luego de que la reforma en derechos humanos, de junio de 2010, establecieran que estos instrumentos tienen rango constitucional.