CHETUMAL, Q. Roo (apro).- El gobernador Roberto Borge Angulo rechazó “categóricamente” que su gobierno sea homofóbico o excluyente. Por el contrario, aclaró que protege y respeta los derechos de todas las personas, sin distinción de color, raza, credo, situación económica o preferencias políticas. La declaración del mandatario priista se dio luego de que miembros del Colectivo Diversidad Sexual lo acusaron de “homofóbico” y “discriminatorio” por invalidar las dos primeras bodas entre personas del mismo sexo, celebradas el 28 de noviembre de 2011 en las oficinas del Registro Civil de Kantunilkín, cabecera del municipio maya de Lázaro Cárdenas, actualmente gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN). Las parejas afectadas señalaron que el pasado viernes 13 les notificaron oficialmente la nulidad de sus respectivos matrimonios. No obstante, advirtieron que además de la denuncia que presentaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) contra el gobierno estatal, por “discriminación por orientación sexual”, tramitarán un amparo contra la resolución tomada. En un comunicado difundido este miércoles, Borge Angulo rebatió las acusaciones del Colectivo Diversidad Sexual y dijo que su administración se caracteriza por ser “tolerante, incluyente y democrática”. Sobre la anulación de los matrimonios de Sergio Arturo Monje Cruz y Manuel Reyes Chablé, así como de María Patricia Novelo Infante y Arely Castro García de Alba, a causa de una supuesta inconformidad promovida por la ciudadana Hilda Cauich Pool, el gobernador explicó: “El pasado 28 de noviembre, María Rosalía Balam Caamal, oficial del Registro Civil en Kantunilkín, municipio de Lázaro Cárdenas, permitió, basada en su interpretación de una presunta laguna legal del Código Civil, la unión de dos parejas del mismo sexo, una de varones y otra de mujeres”. El hecho –dijo– motivó una revisión de la normatividad en que se basó la decisión, “luego de que el 17 de enero pasado una ciudadana de nombre Hilda Cauich se inconformó por esas bodas y solicitó su anulación, basada en el hecho de que si alguna persona, física o moral, considera que hubo un impedimento violado por el oficial del Registro Civil en la celebración de un matrimonio, tiene la oportunidad de hacerlo valer ante las instancias administrativas correspondientes y serán éstas las que resuelvan”. Añadió: “En Quintana Roo tenemos un marco jurídico moderno, de vanguardia, y en este momento hay un proceso administrativo que se está desahogando”. En ese sentido, pidió dejar que los especialistas concluyan ese proceso, “y una vez que tengamos un determinismo j