MÉXICO, D.F. (apro).- La disputa por la Presidencia de la República llegó a la Cámara de Diputados, donde la fracción del PRI acusó a la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, de generar un daño al erario federal de 11 mil millones de pesos, por haber manejado irregularmente el programa Enciclomedia cuando era titular de Educación Pública. Este jueves, la Comisión de Presupuesto sometería ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen para rechazar la cuenta pública de 2008 de Felipe Calderón. Sin embargo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, se pospuso el debate para el próximo martes. A pesar de ello, los priistas dieron a conocer manejos irregulares encontrados en la administración federal durante 2008, centrándose en la gestión de Josefina Vázquez Mota como titular de la SEP y en un manejo irregular del programa Enciclopedia, lo que le costó al gobierno la cantidad de 11 mil millones de pesos “sin justificación real para hacerlo”. Los priistas no sólo señalaron a Vázquez Mota como responsable, sino también a su entonces oficial mayor y hoy diputado federal, Julio Castellanos, quien forma parte del círculo cercano de la aspirante presidencial. Al inicio de la sesión se anunció que no se discutiría la cuenta pública de 2008, sin embargo, el presidente de la comisión de Presupuesto, el mexiquense Alfonso Navarrete Prida reveló en entrevista los supuestos erróneos manejos de Vázquez Mota como titular de la SEP. Luego, emitió un comunicado en donde señaló que la actuación de la candidata panista cuando fue secretaria de Educación, puede tener “responsabilidades jurídicas”. De acuerdo con la información presentada por el PRI y sustentada con documentos de la Auditoría Superior de la Federación, entre el 6 y el 13 de noviembre de 2006 la SEP celebró 14 contratos multianuales de servicios por un periodo de cinco años con seis proveedores para atender el programa Enciclomedia Secundaria. Los contratos multianuales se firmaron por 7 mil 950 millones de pesos. En los contratos, la SEP pactó “una pena convencional, en caso de cancelarlos”. El problema sucedió en enero de 2007 cuando la SEP decidió “cancelar los contratos”, lo cual, según los priistas con base en documentos de la ASF, “implicó un costo más alto que el de haberlos llevado a su respectivo cumplimiento”. La SEP, detallaron los priistas, elaboró “un supuesto análisis jurídico que excluía la posibilidad de demandar la nulidad o la rescisión de los mismos, lo cual hubiese protegido los intereses de la Secretaría. En cambio, ese supuesto análisis a modo se pronunció por la cancelación de los mismos”. “La entonces titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, dando testimonio de haber conocido tal análisis y de haberlo aprobado, en el mes de enero de 2007, dio instrucciones para que se procediese a la cancelación, negociación y finiquito de los contratos correspondientes a nivel secundaria del mencionado programa”, incluso así se estableció en el oficio 714/07 de la SEP.” Luego, el 14 de febrero, bajo el argumento de que la Cámara de Diputados no había autorizado a la SEP los recursos para el Programa Enciclomedia, solicitó a la Secretaría de Hacienda 3 mil 500 millones de pesos, mismos que fueron rechazados. Al haberse cancelado los contratos multianuales, los seis proveedores iniciaron un juicio contra la SEP; y 20 meses después, el 22 de agosto de 2008 –la cuenta que se analizó en la Cámara fue la relativa a ese año–, se firmaron convenios de transacción y finiquito, “que le costaron al erario 2 mil millones de pesos”. Según los priistas, el costo total del daño al erario que generó Vázquez Mota siendo titular de la SEP “ascendió a 11 mil millones de pesos sin justificación real para hacerlo”. Incluso, el propio órgano Interno de Control de la SEP señaló que, “en el lapso de 18 meses la Oficialía Mayor (a cargo del hoy diputado Julio Castellanos) presentó para firma de la titular de la dependencia una serie de oficios que la pueden involucrar directamente en la resolución de este tema… La Dirección General de Administración le informó a la ASF, además, que los recursos para el pago del finiquito provenían de ahorros del Programa Oportunidades, que en el 2007 reportó como ejercidos”. Según los priistas, “Josefina Vázquez Mota y Julio Castellanos incurrieron en daño patrimonial al Estado por más de dos mil millones de pesos y detrás de este perjuicio existe la suspicacia legítima de haber autorizado pagos indebidos por 11 mil millones de pesos”. En su defensa, el diputado Julio Castellanos ofreció una conferencia de prensa en la que sostuvo que si se cancelaron los contratos, fue porque la Cámara de Diputados canceló el presupuesto contemplado para el programa Enciclomedia Secundaria. “Como resultado del proceso de conciliación, la SEP y los proveedores convinieron un finiquito con base en la ley, no con base en los contratos; ello supone el pago y no la compra o pago de la infraestructura realizada, por lo cual el finiquito no estaba sujeto a recibir ningún bien o inversión, sino a realizar gastos derivados de contratos fallidos por causas imputables al Estado Mexicano”, explicó. La discusión política y el debate sobre la responsabilidad “jurídica” de la candidata del PAN a la Presidencia de la República se hará el próximo martes cuando el pleno apruebe o rechace la cuenta pública 2008.