MÉXICO, D.F. (apro).- Los responsables de Belén, Casa del Migrante, Pedro Pantoja Arreola y Alberto Xicoténcatl Carrasco, denunciaron hoy agresiones a indocumentados y sus defensores por parte de autoridades y miembros del crimen organizado; además, lamentaron la muerte de ocho activistas en los últimos meses. Durante su participación en un acto organizado por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana, ambos activistas, quienes despliegan su labor en Saltillo, Coahuila, narraron casos de violaciones a derechos y agresiones sufridas por indocumentados centroamericanos, llamados por ellos “peregrinos”, en su tránsito por México. El padre Pantoja, galardonado en 2011 con el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt, habló de las graves condiciones en que se ejerce la defensa de los migrantes. “Cuánto más armamos la lucha social de los derechos humanos, más se activan y estructuran los delitos y las agresiones institucionales contra los derechos de las víctimas y de los defensores de derechos humanos”, acusó. El religioso, quien ha defendido migrantes desde hace más de 20 años, señaló a los cárteles del narcotráfico y a “autoridades corruptas” como los responsables de abusos y agresiones a los indocumentados y activistas en todo en país. Pantoja aseguró que los migrantes se han quejado de que durante su trayecto hacia la frontera norte son interceptados por policías que después los llevan a casas de seguridad resguardadas por integrantes del crimen organizado, quienes les “inflingen torturas, violaciones sexuales, extorsiones y actos de crueldad”. Alberto Xicoténcatl Carrasco se quejó de la ausencia de garantías para que los activistas realicen su labor y lamentó que en los últimos meses hayan sido asesinados al menos ocho defensores, cuyos casos siguen en la impunidad. Luego de señalar al Estado como incapaz de garantizar la vida de los defensores, lamentó que algunos activistas hayan huido del país por falta de seguridad, así como que organizaciones extranjeras retiraran de México a sus representantes por “amenazas del crimen organizado y el Estado fallido. “Parecería que en el Estado mexicano, las fuerzas de seguridad tienen esa idea de que los defensores estamos en su contra, y no asumen que nuestra labor no es en contra de un sistema, sino es luchar para que termine la violencia y la injusticia, simplemente es decir la verdad”, apuntó Xicoténcatl Carrasco. Las denuncias de los activistas en la Universidad Iberoamericana se dieron luego de que el martes 24 el Senado avalara por unanimidad el dictamen de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, iniciativa que pasó a la Cámara de Diputados para su aprobación. Según ONG que impulsaron el proyecto, la ley “busca garantizar la protección rápida y efectiva de los defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentren en riesgo por el ejercicio de su labor”. Ante la actual espiral de violencia, decenas de organizaciones civiles exhortaron a los diputados federales a aprobar esa iniciativa, la cual prevé “un mecanismo que contará con las facultades para la implementación tanto de medidas de prevención que busquen atacar las causas estructurales que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos humanos y a periodistas, así como medidas de protección encaminadas a disminuir los factores de riesgo cuando éstos enfrenten una agresión en su contra”.