TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía sumó hoy un nuevo auto de formal prisión –el noveno–, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos que se canalizaron a las obras de reconstrucción por los daños ocasionados por el huracán Stan, en octubre de 2005. El fenómeno natural devastó en aquel entonces casas, escuelas, puentes y zonas agrícolas en las regiones Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca. En un comunicado emitido ayer por la noche, la Procuraduría General de Justicia del estado refirió que por ese caso hay 17 averiguaciones previas abiertas y puntualizó que los delitos que se le imputan al exmandatario son tres: ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. Según la PGJE, tras las afectaciones provocadas por el huracán las autoridades federales y estatales canalizaron 11 mil 105 millones de pesos a las obras de reconstrucción, a través del Fondo de Desastres Naturales, Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales. Al auditar el gasto, dijo, la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado encontraron inconsistencias en el uso de los recursos que derivaron en la apertura de 17 averiguaciones previas por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio Indebido del servicio público, peculado y fraude. La PGJE añadió que actualmente se están desahogando más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos de más de 48 mil 500 fojas. Sobre el caso particular de Mendiguchía, la procuraduría sostiene que las investigaciones revelaron que el exgobernador ordenó a su entonces directora del INVI, Socorro Domínguez Aguilar, realizara el pago por anticipado de 194 viviendas que no se encontraban construidas al 100%, en agravio de familias damnificadas de los municipios de Escuintla, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Huixtla y Tuzantán. Además, de acuerdo con el resultado de los peritajes realizados por personal de la PGJE, se comprobó que las viviendas entregadas presentaban serias deficiencias técnicas, como falta de biodigestores, sistema eléctrico y vidrios en las ventanas. También se hallaron filtraciones y fisuras en paredes, lo que, sin duda, dice, viola la normatividad de la Ley de Obra Pública y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Este es el noveno proceso penal que se le acumula a Salazar Mendiguchía, quien se encuentra preso desde el 7 de junio del 2011. A raíz de la nueva imputación, el exgobernador se declaró en “desobediencia civil”. En una carta pública dada a conocer la semana pasada, retó a su sucesor Juan Sabines Guerrero: “Yo no sé exactamente cuándo voy a salir, pero si sé con precisión cuando saldrá Sabines: el 8 de Diciembre próximo, ni un minuto más ni un minuto menos. Es decir, en un poco más de 7 meses. Desde aquí y ahora, le mando a decir que muy pronto, en igualdad de condiciones, nos veremos en el territorio del no poder”. Carta a Sabines Más tarde, al darse a conocer el nuevo auto de formal prisión, Pablo Salazar pidió a Juan Sabines, en una misiva, “prepararse” para su futuro político como exgobernador, ya que “él sí va a necesitar muchas pruebas para defenderse”, por la presunta malversación de recursos durante su administración. Salazar Mendiguchía aseguró que no le causó más sorpresa el auto de formal prisión dictado por el juez primero penal, y que de nueva cuenta le tipificó “su delito favorito”: asociación delictuosa. “Todo esto por el hecho de que seis personas denunciaron que sus viviendas, entregadas hace más de seis años, presentaron cuarteaduras, filtraciones y, en general, vicios en la construcción, de las cuales es responsable, no el constructor, no el supervisor, no el comisionado para la Reconstrucción (quien curiosamente es empleado de Sabines y compareció ¡como testigo!), no. “El culpable es el exgobernador, quien formó una banda delictiva (asociación delictuosa) con varios de sus colaboradores para atracar a seis damnificados”, ironizó Salazar. Señaló que este nuevo “acto de despotismo” confirma el nivel del actual gobierno, “el cual muestra un profundo desprecio por la inteligencia de sus gobernados y por la opinión pública”. Más adelante, advierte que “gracias al camino que Sabines ha enseñado, que comience a prepararse, porque con estos jueces o con otros más decentes, él sí va a necesitar muchas pruebas para defenderse en relación con por lo menos cinco temas: finanzas públicas, infraestructura, DIF, salud y su fundación familiar”.