TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación al gobierno de Chiapas –número 11/2012–, en la que lo conmina a acabar con la corrupción, la sobrepoblación, el tráfico de sustancias y objetos prohibidos, así como el autogobierno en el penal de El Amate. La falta de autoridad en esa prisión ha generado por años una sistemática violación de los derechos humanos, tanto de los internos como los visitantes, dice el organismo dirigido por Raúl Plascencia. Tuvieron que pasar casi dos años para que la CNDH diera trámite a la queja interpuesta por internos de El Amate que se encuentra en Cintalapa, a unos 90 kilómetros al oeste de la capital del estado, sobre la carretera que comunica con el vecino estado de Tabasco. En la recomendación, la CNDH documenta una serie de violaciones a las garantías individuales surgidas a raíz de los sucesos violentos del 24 de julio del 2010, cuando, tras un frustrado operativo, corporaciones policiacas estatales pretendieron arrebatar el control del penal a Los Precisos, conformado por un grupo de internos de alta peligrosidad. El 22 de julio de ese año, un grupo de reos se amotinaron para impedir que cambiaran a un interno que había delatado la construcción de un túnel y retuvieron a varias personas que se encontraban de visita. Durante el operativo montado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Especializada y la Policía Federal, varios internos resultaron heridos y un agente perdió la vida. Según la CNDH, el penal de El Amate, “presenta graves problemas relacionados con el gobierno y administración del mismo, así como los relativos a la seguridad que afecta a la población interna, visitantes y personal penitenciario en general, al no reunir las condiciones establecidas por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de las cuales se debe organizar el sistema penitenciario”. A juicio de la CNDH, “se vulneraron los derechos a la seguridad e integridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno y a la reinserción social en agravio de los internos”, toda vez que las autoridades involucradas en los hechos “no cumplieron con eficacia la obligación de garantizar el respeto a la integridad física y mental de aquéllos, ya que no contaban con medidas de seguridad preventivas y adecuadas al interior del mencionado Centro”. Según el organismo, en El Amate tampoco existen las condiciones que propicien la reinserción social de la población penitenciaria “que en la especie se traduce en la omisión de garantizar al individuo que su persona sea protegida por el Estado, brindando protección y auxilio, así como custodiar, proteger, vigilar o implementar medidas precautorias para dar seguridad no sólo a la población penitenciaria, sino también a los visitantes y a los servidores públicos que ahí trabajan o que se encuentren comisionados en ese sitio”. Para la CNDH, “resulta grave que por la deficiente administración de los servidores públicos se haya permitido o tolerado el autogobierno” en dicho penal, situación que puso en peligro la vida e integridad física de los visitantes al ser retenidos por los propios internos que lo ostentaban”. En El Amate, dice, “no se cuenta con controles de seguridad eficaces para evitar la introducción de objetos o sustancias prohibidas, en atención a lo dispuesto por la reglamentación interna, y cuentan únicamente con el aparato electrónico denominado GT200, o también conocido como paleta, que se utiliza como detector de metales y sustancias prohibidas”. La CNDH pidió a Sabines “instaurar políticas públicas integrales en materia penitenciaria que garanticen a los internos una estancia digna y segura en los centros de reclusión bajo su autoridad, a partir de la disponibilidad de espacios suficientes para alojarlos, así como de la infraestructura que permita una separación por categorías”. Le solicitó también que integre la averiguación previa derivada de la denuncia que recibió con el fin de que en el ámbito de su competencia investigue los mismos por tratarse de servidores públicos del fuero común los involucrados, y se remita a ella las constancias que sean solicitadas.