Se declara culpable comprador de armas implicado en 'Rápido y Furioso'

jueves, 5 de abril de 2012 · 20:38
MÉXICO, D.F. (apro).- Jaime Ávila, integrante de una red de traficantes que suministraba armamento al cártel de Sinaloa, se declaró hoy culpable de vender armas sin licencia y de asociación delictuosa en una corte de Arizona, por lo que enfrentará una sentencia de 10 años de prisión. Además, el indiciado, de 25 años, aceptó haber falseado declaraciones en una operación de compra de armas y de contrabandear bienes fuera de Estados Unidos. Ávila se vio involucrado en un caso relacionado con la operación denominada Rápido y Furioso –que permitió la entrada de más de 2 mil armas a México, de manera ilegal–, debido a que dos fusiles comprados por él en una armería de los suburbios de Phoenix fueron hallados cerca de Nogales, Arizona, luego de un tiroteo ocurrido el 15 de diciembre de 2010, donde perdió la vida el agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Ferry. Según las autoridades estadunidenses, Jaime Ávila era miembro de una red de 20 personas acusadas de adquirir armas y traficarlas a México para el cártel de Sinaloa, entre ellos Jacob Wayne Chambers y Jacob Anthony Montelongo, detenidos en enero pasado. En una audiencia realizada este jueves, el fiscal Timothy Coughlin dijo al juez que Ávila fue un comprador testaferro para la red de contrabando y compró 52 armas a nombre de otros, incluyendo dos rifles calibre .50, aunque el acta acusatoria lo implica en la compra de seis armas. Durante la audiencia no hubo mención de la muerte de Terry ni de las armas halladas en el lugar del tiroteo. La próxima audiencia de sentencia está fijada para el 25 de junio próximo. En tanto, el juicio de los otros presuntos miembros de la red de contrabando está programado para el 25 de septiembre. Todos ellos se declararon inocentes de los cargos que se les imputan. La Agencia de Alcohol, Armas y Tabaco (ATF, por sus siglas en inglés) permitió que cerca de 2 mil armas entraran de contrabando a México, a través de Rápido y Furioso, entre 2009 y 2010. El objetivo era permitir la venta de armas de alto calibre a compradores intermediarios para rastrearlos hasta su destino final, y así arrestar a los cabecillas de los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, los agentes le perdieron el rastro a esas armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México.