Piden a la CIDH que interceda para frenar exhumación de indígena ejecutado extrajudicialmente

lunes, 9 de abril de 2012 · 19:05
OAXACA, Oax., 9 de abril (apro).- María Estela García Ramírez, viuda de Celerino Jiménez Almaraz, víctima de una ejecución extrajudicial ocurrida hace 15 años, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para evitar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) exhume el cadáver del indígena zapoteco. En una carta dirigida al secretario ejecutivo del organismo internacional con sede en Washington, Santiago Cantón, la mujer argumentó que ya está cansada de que las autoridades estatales provoquen nuevas afectaciones a su familia. Dijo que la PGJE debe concretarse a investigar con seriedad los hechos en los que perdió la vida su esposo y las agresiones de que fueron víctimas sus familiares. La viuda manifestó su rotunda oposición a la exhumación del cuerpo de su esposo porque eso, dijo, significan nuevas vejaciones y sufrimientos para su familia. Y es que a un año de que el Estado mexicano –representado por Felipe Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Juan José Gómez Robledo, subsecretario de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el gobernador Gabino Cué– reconoció su culpabilidad en la ejecución extrajudicial de Jiménez Almaraz, todavía hay muchos pendientes, dijo. Luego de que en agosto de 1996 el Ejército Popular Revolucionario (EPR) irrumpió violentamente en el estado de Oaxaca, el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano instrumentó una estrategia contrainsurgente en la región de los Loxichas, considerada el bastión del grupo guerrillero. Durante la madrugada del 24 de abril de 1997, un comando de más de 50 agentes de la Policía Judicial allanó violentamente el domicilio de Celerino, ubicado en la comunidad de Santa María Jalatengo, perteneciente al municipio de San Mateo Río Hondo. Los policías, todos ellos encapuchados, golpearon a los ocupantes de la vivienda, incluyendo al suegro de Celerino, que presentaba discapacidad visual, así como a su cuñada, quien estaba a punto de parir. De acuerdo con María Estela García Ramírez, en su propia casa golpearon salvajemente a su esposo y lo hirieron con arma de fuego. No conformes, se lo llevaron sin presentar ninguna orden de aprehensión. Después de dos días, García Ramírez buscó a Celerino Jiménez en hospitales y penales, pero lo que encontró fue su cadáver. A casi 15 años de esa ejecución extrajudicial, y a pesar de la “buena disposición” mostrada por el gobierno de Gabino Cué, “aún sigo esperando justicia”, señaló la viuda. Contrario a ello, dijo, las vejaciones y sufrimientos continúan. Luego del acto de reconocimiento de responsabilidad por los hechos denunciados, agregó, aún queda pendiente el acondicionamiento físico de la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ubicada en San Agustín Loxicha, así como la asignación de personal bilingüe, capacitado y facultado para la prestación de los servicios de orientación, recepción y tramitación de quejas, certificación y atención médica y psicológica a víctimas. Según la afectada, también está sin cumplir la publicación del expediente de Lucio Esteban Vásquez Ramírez, responsable de la ejecución extrajudicial, además de la capacitación de servidores públicos y la traducción a lengua zapoteca sobre el acuerdo del caso. Y más: falta que se reabra la investigación del caso para investigar a los policías que participaron en la ejecución extrajudicial.

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