MÉXICO, D. F., (apro).- El asesor especial para programas regionales del secretariado internacional de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga Mejía Borja, se solidarizó con las madres, padres y familiares de personas desaparecidas y reconocen su valor para reclamar justicia al Estado mexicano. “Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de México para que cumpla concretamente con todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU, en particular la necesidad de instaurar un mecanismo de búsqueda inmediata, la investigación eficaz y la atención integral para los familiares de personas desaparecidas”, dice en una carta enviada a las integrantes de la Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus hijos e hijas, y buscando justicia”. “El Estado mexicano tiene la obligación fundamental de garantizar el trato digno de los familiares, así como su acceso a la justicia y a la verdad”, subraya la carta. Mejía Borja destaca que las declaraciones de los familiares de las víctimas que han narrado a esta organización como las autoridades mexicanas las tratan “con desprecio” y se les niega el acceso a la justicia desde el inicio, rechazando cualquier investigación de los hechos. “El resultado ha sido una falta de avances tanto en prevenir más desapariciones como la falta de investigación para establecer el paradero de las víctimas o llevar a los responsables ante la justicia”, consigna. Asimismo, considera que es hora de escuchar estos familiares y a las organizaciones que les apoyan para que las autoridades federales y estatales empiecen a trabajar en la búsqueda seria de los centenares de personas desaparecidas”. La misiva menciona que en marzo pasado, el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias sobre México presentó sus recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y resaltó la obligación del Estado de investigar de forma pronta imparcial y exhaustiva cualquier informe de desaparición para aclarar el posible involucramiento, directo o indirecto, de funcionarios del Estado para determinar si se trata de una desaparición forzada. “Si no se realiza tal investigación para establecer el paradero de la víctima e identificar a los responsables, el Estado incumple con sus obligaciones en los derechos humanos y deja a las familias de los afectados sin recurso efectivo o sin remedio”, ataja.