MORELIA, Mich. (apro).- El gobierno del presidente Felipe Calderón envió hoy 800 elementos de la Policía Federal al estado de Michoacán, su tierra natal, para apoyar a las autoridades estatales en el conflicto estudiantil que ha detonado en tomas y bloqueos carreteros. “En virtud de los hechos suscitados los últimos dos días, relativos al bloqueo de los accesos a la capital michoacana, a la toma de casetas y el bloqueo de la autopista a Lázaro Cárdenas –acciones que han afectado a miles de ciudadanos y a la economía del estado–, el gobierno de la entidad solicitó a la Federación su apoyo para atender este tipo de situaciones”, se advierte en un boletín del gobierno estatal. Más adelante, el texto destaca que “el gobierno michoacano mantiene su disposición y apertura de diálogo en un marco de respeto y de la aplicación de la ley, a fin de arribar a puntos de vista concordantes que permitan una solución a la problemática que se presente”. También se menciona que las autoridades estatales han sostenido “una comunicación permanente y continua con los grupos estudiantiles. Las pláticas entre los estudiantes afiliados a la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) y el gobierno de Michoacán se mantienen vigentes en un marco de respeto, por lo que continúan las negociaciones para resolver la problemática de los moradores de las casas del estudiante afiliadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.” Por la mañana, el secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna, denunció que grupos radicales, “proclives a anarquía”, son los que azuzan a los estudiantes para realizar bloqueos en la salida de Morelia a Pátzcuaro y en las carreteras federales de la entidad. “Lamentamos que esto suceda, pues aparentan ser grupos provocadores que buscan el enfrentamiento con las fuerzas del orden y que alguno de ellos salga lesionado y así tener una causa de protesta, porque esta no es su causa”, acusó. En respuesta, los dirigentes de los movimentos estudiantiles plantearon en un comunicado “que los procesos legales de los profesores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán deben dirimirse legalmente más allá de falsedades”. Además, destacaron que los tribunales laborales ya fallaron a favor del sindicato universitario, “en todos y cada uno de los elementos del amparo”, y que en los procesos contra los estudiantes purépechas debe actuarse con respeto, sin lanzar acusaciones sin fundamento. “¡Ojalá se combatiera al narcotráfico como se ensañan con los estudiantes indígenas, quienes sólo piden mejores condiciones de estudio y de gobierno universitario!”, sostuvieron. Los inconformes reclaman la inmediata excarcelación de 10 miembros de la CUL, acusados de prender fuego a tres vehículos propiedad del gobierno de Michoacán y del ayuntamiento de Morelia. Por su parte, la candidata del PRD al Senado, Fabiola Alanís, reprobó la llegada de 800 elementos de las fuerzas federales a esta capital para contener las protestas estudiantiles, al tiempo que hizo un llamado al gobernador a privilegiar el diálogo. Alanís Sámano consideró que “esta alianza entre el gobierno federal y el estatal” lo único que generará es “un escalamiento del conflicto en perjuicio de la estabilidad de Michoacán”. El pasado 28 de abril, fuerzas policiales irrumpieron en varias casas de estudiantes en Morelia para arrestar a simpatizantes de la CUL y de movimiento de aspirantes y rechazados de la Universidad Michoacana, quienes en días previos se apoderaron de vehículos oficiales y bloquearon calles para exigir plazas automáticas en el sistema educativo estatal.