APIZACO, Tlax. (apro).- Apenas había avanzado unos metros, cuando el tren en el que viajaban activistas y defensores de los derechos de migrantes, como parte de la protesta “Toma la Bestia”, detuvo su marcha. De inmediato, operadores de la empresa Ferrosur desengancharon los vagones. Marco Castillo, representante de la Asamblea Popular de Familias de Migrantes de Tlaxcala, dijo que cuando ya se daba por hecho que el trayecto de la protesta había iniciado, los participantes tuvieron que regresar caminando, porque los operadores de Ferrosur recibieron órdenes para que les impidieran seguir. La tarde de ayer, los activistas esperaron horas y horas para subirse nuevamente al tren, pero aparentemente la empresa también dio instrucciones para evitar que eso sucediera, pues ninguno se detuvo en Apizaco. Castillo relató que un transmigrante centroamericano resultó mutilado de un pie, cuando cayó al bajarse del lomo de La bestia en Apizaco, pues los trenes no bajaron su velocidad, como acostumbran hacerlo en esa estación. Hasta la madrugada de este jueves, los representantes de las organizaciones y de albergues de migrantes pudieron abordar de nueva cuenta el tren, y en la mañana lograron llegar a Lechería, Estado de México, para continuar con la protesta. “Toma la Bestia” busca llamar la atención nacional sobre los abusos y peligros a los que se exponen los migrantes mexicanos y centroamericanos en su trayecto por el país para cruzar hacia Estados Unidos. Entre sus principales demandas está la exigencia a las autoridades para que investiguen la plena identificación de los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, el pasado domingo 13, porque presumen podría tratarse de migrantes. De acuerdo con Martha Sánchez Soler, del Movimiento Migrante Mesoamericano, los activistas también pondrán evidencia la falta de atención por parte de las autoridades locales y federales a las denuncias que han presentado los colaboradores de la Casa del Migrante “San Juan Diego”, ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México. En un comunicado, las organizaciones señalaron que el miércoles 16 los colaboradores de ese albergue solicitaron medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque las autoridades municipales no han cumplido su compromiso para gestionar un nuevo predio donde puedan atender a la población migrante. “La autoridad del Estado de México no ha fortalecido su trabajo de gobernabilidad para atender las demandas de los vecinos de la colonia Lechería, y la autoridad federal no ha generado acciones para que se cumpla con las medidas cautelares otorgadas por  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, puntualiza el texto. Añade que desde 2009 han sido víctimas de más de una decena de hostigamientos, amenazas y allanamientos por parte de autoridades federales y miembros de la delincuencia común y organizada. Y más: la falta de acciones para la atención de los problemas de la colonia han generado episodios de intolerancia social. “El allanamiento ocurrido en julio de 2010 por parte de ‘policías  federales’ demuestra la impunidad e ineficacia de las autoridades de  procuración de justicia, porque aunque se presentó un video con rostros y placas de los vehículos claramente identificables, la autoridad no ha consignado a los culpables”, apunta el comunicado. Agrega que han discutido este caso con los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública federal, así como con la  Coordinadora de Delegaciones de la PGR, pero hasta ahora no ha habido avances en la  investigación.