MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) censuró al Estado mexicano por no tomar las medidas de protección necesarias para garantizar el trabajo a favor de los migrantes que realiza el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien desde el pasado miércoles 16 se vio obligado a salir del país. En un comunicado, la CIDH condenó la salida de Solalinde, quien desde el 23 de abril de 2010 –agregó– cuenta con medidas cautelares ordenadas por ese órgano de la OEA, “pero no fue protegido de manera efectiva por el Estado”. Las medidas también fueron otorgadas para proteger la vida e integridad de David Álvarez, Areli Palomo, Mario Calderón y Norma Araceli Doblado, colaboradores del sacerdote fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca. Todos ellos habían sido objeto de intimidación, y el padre Solalinde “encañonado por policías federales al concurrir a la Fiscalía del estado de Oaxaca en el contexto de investigaciones iniciadas por el presunto asesinato de tres migrantes”, recordó la CIDH. Tras considerar de “suma gravedad” el que no se le haya brindado al sacerdote las medidas de protección necesarias, pese a contar con medidas cautelares y pese a las amenazas que había en su contra, la CIDH demandó al Estado mexicano investigar “de oficio estas amenazas y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”. Añadió: “La CIDH urge al Estado de México a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para que el padre Alejandro Solalinde pueda regresar al país y continuar desarrollando sus tareas de defensa de los derechos de los migrantes de manera segura”, así como garantizar la vida de los indocumentados en tránsito por México. En el documento, la CIDH retomó comentarios del relator del organismo sobre Derechos de Migrantes, Felipe González, tras su visita de trabajo en México, entre julio y agosto del año pasado. Señaló que González visitó el albergue del padre Solalinde y “tuvo oportunidad de ver la labor central” del sacerdote y sus colaboradores a favor de miles de migrantes, a pesar de las constantes amenazas bajo las que trabajaban. Para el relator, el recrudecimiento de las amenazas que obligaron a Solalinde a salir –seis en los últimos dos meses– “tiene un impacto directo en la protección de los derechos de los migrantes que llegan a este albergue, así como también un efecto amedrentador sobre otros y otras defensores de los derechos humanos de los migrantes en México”. En el informe preliminar de la Relatoría de la CIDH sobre Derechos de los Migrantes se destacó “la importante labor que realizan organizaciones de la sociedad civil y personas individuales al proveer albergue, alimentos, agua potable y otros servicios a los migrantes que transitan por el territorio mexicano”. Los albergues proveen seguridad, alimentación e información a miles de personas que transita todos los años por México. Estas personas y organizaciones cumplen una función social de gran valor, donde el Estado ha estado ausente durante muchos años, señaló. El documento de la relatoría entregado al Estado mexicano, al concluir la visita, pidió “garantizar condiciones de seguridad para las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes”. Desde el pasado miércoles 16, el padre Solalinde salió del país rumbo a Estados Unidos y después a Europa, como parte de un “retiro estratégico”. El sacerdote dio un plazo de dos meses para que las autoridades competentes identifiquen y procesen a los responsables de las amenazas contra él y su equipo de trabajo. Antes de salir del país, como una recomendación que recibió tanto de organizaciones no gubernamentales como de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Solalinde advirtió que él regresará a México antes del plazo si alguno de sus colaboradores o el albergue es atacado.