Sobrevivientes de la masacre de "El Charco" buscan justicia en el exterior

martes, 22 de mayo de 2012 · 19:22
MÉXICO, D.F. (apro).- A 14 años de la masacre de El Charco, Guerrero, dos de los sobrevivientes, Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, iniciaron los trámites para llevar el trágico acontecimiento a organismos internacionales. En conferencia de prensa, Zamora y Cortés recordaron que el 7 de junio de 1998 tropas del Ejército Mexicano, al mando del general Juan Alfredo Oropeza Garnica, irrumpieron en la comunidad de El Charco, en Ayutla, y dispararon contra la escuela del lugar. El saldo fue de 11 muertos, cinco heridos y 22 detenidos, los cuales fueron llevados a la IX Región Militar de Acapulco. “Desde que fuimos puestos a disposición del juez de distrito, señalamos que fuimos torturados en el cuartel militar y que varios de los caídos estaban desarmados y fueron ejecutados por los militares, cuando estaban con las manos en alto o en el suelo, sometidos”, contó Ericka Zamora. Ella y Cortés Chávez fueron los únicos procesados y encarcelados durante cuatro años por sus presuntos vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), grupo guerrillero cuya existencia se conoció ese 7 de junio. Y, según dijeron, los 22 detenidos fueron torturados en las instalaciones de la IX Región Militar. Ericka y Efrén –ella estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y él de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)– fueron interrogados por el general Juan Oropeza Garnica, entonces comandante de la 27 Zona Militar. Después de salir de prisión, “a lo que me he dedicado es a buscar que se haga justicia. La masacre de El Charco es un crimen que no puede quedar en la impunidad y por eso buscamos llevar el caso a organismos internacionales”, señaló Efrén Cortés. Los dos sobrevivientes admitieron que el primer paso en esa búsqueda de justicia fue la elaboración del “Informe sobre la Masacre de El Charco”, bajo la coordinación de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), a la que pertenecen. Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la RSDCIAC, resaltó que la organización también será responsable de documentar jurídicamente el caso, con la asesoría del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA). De acuerdo con José Antonio Ibáñez, catedrático de la UIA, el caso de la masacre de El Charco cumple con los requisitos para ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y si no hay respuesta puede llegar al tribunal interamericano. “Si hay algo que adeuda este país es la administración de la justicia, y en el caso del El Charco la deuda es enorme. Hasta ahora no hay un solo militar procesado por la masacre ni por las detenciones arbitrarias ni por las torturas”, destacó. José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, resaltó que la masacre de El Charco forma parte de la “línea de continuidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano. Es uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo, tras los abusos de los militares, se criminaliza a las víctimas y los responsables de los crímenes quedan en impunidad”. Añadió: “Antes se acusaba a las víctimas de formar parte del ERPI, ahora se dice que son integrantes de algún cártel del narcotráfico”. El “Informe sobre la Masacre de El Charco” está fundamentado en los testimonios de familiares de víctimas y sobrevivientes. Entre los datos destaca que, pese a la versión oficial de que los hechos ocurrieron en el contexto de un “enfrentamiento” entre miembros del Ejército y guerrilleros, los sobrevivientes aseguran que las víctimas mortales eran civiles desarmados. De acuerdo con los testimonios recabados por la RSDCIAC, por lo menos siete de los 11 acribillados fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro de ellos recibieron el tiro de gracia. La confirmada presencia de guerrilleros en la escuela Caritino Maldonado “no justifica las ejecuciones extrajudiciales, torturas y demás violaciones a derechos humanos cometidas pro el ejército mexicano”, consideró Ernesto Rodríguez Cabrera. Explicó que ante la impunidad en México, “donde ya se agotaron todos los mecanismos internos, no queda otro camino que recurrir a la CIDH y, si es necesario, a la Corte Interamericana. Sabemos que es un camino largo, pero que debe ser recorrido para que hechos como los ocurridos en El Charco, hace casi 14 años, no vuelvan a ocurrir”.

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