WASHINGTON (apro).- El gobierno de Estados Unidos reprobó a las Fuerzas Armadas de México en materia de derechos humanos, al señalar que bajo el marco de la lucha contra el narcotráfico, El Ejército y la Marina cometen asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. “Las fuerzas de seguridad, actuando tanto dentro como fuera de sus obligaciones, asesinaron a varias personas durante el año”, sentencia el Departamento de Estado en su reporte anual 2011 sobre la situación de los derechos humanos en 199 países. El capítulo correspondiente a México, que abarca 36 páginas, enfatiza que “las violaciones más serias de derechos humanos” surgen de la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón. “Las organizaciones criminales transnacionales (OCT) continúan siendo los perpetradores más significativos de crímenes violentos en el país”, indica el reporte. Además, hace la siguiente acotación: “En el contexto de la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, pero también en situaciones ajenas a esto, se reporta que las fuerzas de seguridad están involucradas en asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y en instancias de abuso físico y tortura.” El reporte anual que corresponde a la situación de los derechos humanos en 199 países y territorios durante el año 2011, en el caso de México, hace especial énfasis en la falta de voluntad del gobierno mexicano para castigar a las entidades que violan las garantías individuales de los mexicanos. “Pese a que se han llevado a cabo algunos arrestos por el delito de corrupción, la extensa impunidad gubernamental para con los abusos a los derechos humanos sigue siendo un problema para las jurisdicciones civiles y militares”, indica el reporte. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que lanzó el gobierno de Calderón, según el balance que hace el Departamento de Estado en su reporte, está fungiendo como chivo expiatorio para que los militares mexicanos salgan librados de las acusaciones que se les imputan en materia de derechos humanos. “Hay múltiples reportes sobre desapariciones forzadas cometidas por el Ejército, Marina y la policía. La mayoría de estas desapariciones ocurrieron durante operativos de seguridad”, puntualiza el reporte del gobierno de Barack Obama. Bajo el marco de cooperación México-Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Obama apoya al de Calderón con el financiamiento para las operaciones militares y de inteligencia en la Iniciativa Mérida. En este compromiso al cual hasta ahora EU ha comprometido unos mil 400 millones de dólares, el 15% de los fondos, lo condicionó el Departamento de Estado al cumplimiento de los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas. En el año fiscal 2010, el Departamento de Estado retuvo 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida por el incumplimiento de las condiciones en materia de derechos humanos. Conforme a lo que se destaca en el reporte correspondiente a 2011, se podría deducir que el Departamento de Estado continuará reteniendo el 15% de los fondos de la ayuda para combatir al narcotráfico, con base en las constantes violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército y la Marina. Michael Posner, subsecretario de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales, dijo que el gobierno de Obama está revisando el caso para poder tomar una decisión respecto a los condicionamientos de los fondos de la Iniciativa Mérida: “Hemos sido muy claros con el gobierno de México, y yo he estado involucrado en algunas de estas discusiones, en tratar de garantizar la rendición de cuentas por los excesos que cometen los militares mexicanos; al transferir los casos a las cortes civiles con mayor transparencia y rendición de cuentas”, aclaró Posner. El subsecretario de Estado, aunque rechazó hacer un juicio respecto a los fondos condicionados para la Iniciativa Mérida, con base en lo señalado en el reporte, sí estableció que Estados Unidos acatará su responsabilidad por lo que ocurre en México respecto a las violaciones a los derechos humanos que se cometen. “Continuaremos haciendo nuestra parte, pero tiene que haber un reconocimiento a la combinación de los que decimos y lo que hacemos, a lo que dicen y hacen otros gobiernos y principalmente a lo que pasa dentro de México para abordar este asunto”, añadió. El reporte sostiene también que los secuestros son un problema de derechos humanos que ocurre a todos los niveles de la sociedad mexicana, en los que están también involucradas las OCT y las fuerzas de seguridad. Citando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Departamento de Estado sostiene en su reporte que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) es la entidad gubernamental sobre la que pesan la mayoría de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en México. En 2011 se registraron ante la CNDH mil 695 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares mexicanos. “Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que tienen credibilidad, continúan denunciando la opacidad del sistema judicial militar como el contribuidor al problema de la impunidad”, destaca el reporte. La impunidad marcial, según el Departamento de Estado, “conlleva a las fallas para que de una manera abierta se investigue, enjuicie y se sentencie por violaciones de los derechos humanos a los miembros de las fuerzas militares”. Los ataques a la prensa bajo el secuestro y asesinato de los comunicadores por parte de las OCT y de las fuerzas policiales del país, es otro de los aspectos destacados en el reporte. En materia de corrupción el Departamento de Estado sostiene que las fuerzas policiales, especialmente a nivel municipal y estatal, reciben sobornos para garantizar la seguridad de las operaciones que llevan a cabo las organizaciones criminales. De manera especial, en el apartado de corrupción el reporte del Departamento de Estado destaca el caso de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila y expresidente del CEN del PRI. “El exgobernador de Coahuila anunció su renuncia al liderazgo de su partido en medio de un escándalo y controversia sobre el endeudamiento de su estado durante su gobierno”, remata el reporte del Departamento de Estado.