MÉXICO, D.F. (apro).- Un juez penal de Baja California Sur dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador de la entidad, Narciso Agúndez Montaño, y de su exsecretario de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez, acusados del presunto delito de peculado por 76 millones 200 mil pesos. El plazo constitucional de 72 horas vencía a las 01:30 horas de este lunes pero toda vez que la defensa de los acusados no solicitó la ampliación del término para el ofrecimiento de pruebas y testimonios, Sergio Aguilar Navarro, juez segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de Baja California, decretó la formal prisión el domingo 27 a las 17:00 horas. Marco Antonio Ceseña Sandoval, Otoniel Gómez Ayala y Miguel Camacho Flores, abogados del exgobernador y exsecretario de Gobierno bajacalifornianos, dijeron que prefieren irse a sumarios para obtener una sentencia más rápida. Agúndez Montaño y Porras Domínguez, recibieron la notificación de la resolución judicial en su respectiva celda, 45 minutos después de la resolución judicial. Debido a que el delito de peculado es considerado grave, los exfuncionarios no tienen derecho a obtener su libertad bajo fianza por lo que permanecerán en prisión el tiempo que dure el proceso y la sentencia en caso de que ésta sea condenatoria. La detención del exgobernador está relacionada con la enajenación de siete bienes inmuebles, localizados en el fraccionamiento denominado “El Pedregal”, ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. Dichos terrenos fueron licitados en 2007 a favor de la empresa Las Veredas, con residencia en San José del Cabo, Baja California Sur. Originalmente los terrenos se dieron en donación al gobierno de Baja California Sur, para que fueran destinados exclusivamente a servicios e infraestructura urbana. De acuerdo con el artículo 154 del código penal vigente de Baja California Sur, de ser encontrado culpable, Agúndez Montaño podría alcanzar una pena de seis a 15 años de prisión y ser inhabilitado de tres a ocho años para desempeñar cualquier cargo público. El artículo 154 del código penal local establece que: "Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado, municipios, organismos descentralizados", podrá hacerse acreedor a las sanciones antes mencionadas. La detención de Agúndez Montaño y Porras Domínguez no es la única. Antes que ellos, otros exfuncionarios han pisado la cárcel por diversas causas: es el caso del exsecretario general de gobierno, Luis Armando Díaz, quien también fue candidato del PRD a la gubernatura del estado en la elección anterior. También Guillermo Jáuregui Moreno, exsecretario de Planeación Urbana y Ecología y Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, exoficial mayor. Francisco Antonio Alcántar López, exdirector de Comunicación Social, está actualmente preso y procesado en el Cereso de Baja California Sur acusado de peculado y falsificación de documentos en perjuicio del gobierno estatal.