PUEBLA, Pue. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, presos en Huauchinango por defender el uso del agua para su comunidad. El Centro Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría tomaron el caso de José Ramón y Pascual, originarios de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán, por considerar que se les fabricaron delitos de robo para evitar que continuaran con su lucha por los derechos de su comunidad. Luego de que estos organismos documentaron las irregularidades cometidas en el proceso que se siguió en contra de los dos líderes nahuas, el 29 de marzo de este año Amnistía Internacional (AI) determinó nombrarlos presos de conciencia. “La atracción por unanimidad del amparo del caso de José Ramón y Pascual por la SCJN significa que su expediente será revisado exhaustivamente por el máximo órgano de justicia de México y, por lo tanto, que se podrá determinar su inocencia e inmediata liberación, al comprobarse la serie de violaciones a derechos humanos que han sufrido”, señalaron los organismos defensores de los derechos humanos en un comunicado. “La SCJN tiene ahora la oportunidad de sentar precedentes para contribuir a la generación de condiciones de justicia para sectores sociales con una situación de especial vulnerabilidad”, agregaron. Apuntaron que la injusta prisión de José Ramón y Pascual representa a todas aquellas personas que son criminalizadas por su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos, pero también a quienes son vulnerables por ser indígenas y sufrir una condición económica precaria. Los representantes nahuas se enfrentaron al grupo caciquil de la comunidad de Atla, encabezado por Guillermo Hernández Cruz, quien presuntamente se apropió de la obra de captación de agua en el manantial de Apipilhuasco, pese a que funcionaba con fondos federales y estatales. Con testimonios comunitarios, los representantes indígenas denunciaron que esta persona incluso hacía pagar el agua con abuso físico, trabajo comunitario “voluntario” y con pagos de hasta 5 mil pesos por cada toma de agua para las casas en la comunidad. Cuando fueron nombrados autoridades de su comunidad, en el 2008, ambos lograron que el agua entubada llegara de manera gratuita hasta las casas de Atla. Luego de esto, el grupo caciquil implicó a ambos representantes en el robo de un vehículo, pese a que había testimonios de que esta acusación era falsa. José Ramón y Pascual fueron procesados y condenados a seis años de prisión.