MÉXICO, D.F. (apro).- El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la negativa de amparo a Esiquio Martínez Hernández, quien se desempeñaba como secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Martínez Hernández fue suspendido y consignado ante el Ministerio Público Federal por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que en sus cuentas bancarias se detectaron movimientos arriba de los 432 millones de pesos y, según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), formaba parte de una presunta red de jueces que ilegalmente emitieron resoluciones judiciales para facilitar la operación de casinos. Con la denegación al recurso de revisión, se confirmó la negativa de amparo referente al auto de formal prisión dictado en la causa penal 88/2011 en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. El acusado interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que el 11 de octubre de 2011 determinó negarle la protección de la justicia federal. Dicha resolución fue confirmada el pasado jueves 7 por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Al quedar firme el auto de formal prisión, Esiquio Martínez Hernández continuará sujeto al proceso penal. De acuerdo con información publicada por el semanario Proceso en el número que está en circulación la semana (1858), en septiembre de 2011, un mes después del ataque al casino Royale, donde perdieron la vida más de 50 personas, el CJF dio a conocer la suspensión de jueces y secretarios de juzgado que emitieron resoluciones judiciales para facilitar la operación de los casinos en Monterrey, Nuevo León. Ellos son: Luis Armando Jerezano Treviño, juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, así como Gerardo Tiscareño Mercado, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna. También incluyó al juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís, del Tercer Distrito en Materia Administrativa, en Nuevo León. Dos meses antes, en julio, el CJF había suspendido al juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, y a su secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández. Este último fue suspendido y consignado ante el Ministerio Público federal por presunto enriquecimiento ilícito. La acusación contra Esiquio Martínez fue documentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En junio de ese mismo año, el CJF emitió el acuerdo general 10/2011 en el que se dio la atribución de revisar la situación patrimonial de los jueces, magistrados y servidores públicos, tanto jurisdiccionales como administrativos del propio Consejo. El 30 de marzo de 2011 Ricardo Hiram Barboza Alanís, juez del Tercer Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, fue acusado por Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza, García, de brindar presunta protección a los casinos a través de actuaciones que producen ventaja indebida a éstos y violentan las reglas del procedimiento del juicio de amparo. Dos meses después Barboza Alanís fue suspendido por el CJF. En aquella ocasión Fernández fue implacable: “Para mi, tener corrupción o un juez corrupto que violenta el estado de derecho… es una persona peor que cualquier delincuente… esas gentes deberían de tener las mayores penas de este país. Tenemos datos que nos hacen pensar que el juez (Barboza Alanís) es corrupto y vamos a ir con todo para procesar a este juez”. Meses después, el 22 de julio, Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey, explotó al enterarse de que los propietarios de casinos en esa localidad y en Coahuila recibieron la protección de la justicia para continuar operando. Calificó de un “abuso” la Ley de Amparo. Soltó: “No tengo la evidencia de que se trata de un acto de corrupción, pero…”. Denunció que días antes Juan Miguel García Malo, juez Segundo de Distrito con sede en Saltillo, Coahuila, le ordenó a su Ayuntamiento quitar los sellos de clausura de los casinos Crowne, ¡Viva México! y Jubilee, de Monterrey, así como el San Pedro Island, de San Pedro.