MÉXICO, D.F. (apro).- Después de una agria discusión entre legisladores de PRI y PAN sobre el supuesto centro de espionaje que apoya a la campaña de Enrique Peña Nieto, la Comisión Permanente resolvió exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que informe sobre el estado que guardan las investigaciones sobre los casos de presunto espionaje político en contra de diputados y senadores.
La discusión inició cuando el senador y dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, subió a tribuna para argumentar que desde 2008, en distintos medios de comunicación, se ha señalado la operación y financiamiento ilegal de un centro de espionaje en el Estado de México, a través de empresas como Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A. y de Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana, S.A.
“Estas empresas fueron creadas un año antes para estos propósitos, y diversos senadores de esta soberanía, entre los que destacan tanto el senador Manlio Fabio Beltrones como un servidor, presentamos respectivas denuncias contra los actos de espionaje señalados, y éstas fueron radicadas en la Unión Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR”, abundó Madero.
El panista recordó que, en el segundo debate presidencial, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, hizo pública la existencia de un pago, mediante transferencia electrónica, del gobierno del Estado de México a la empresa Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana, por un monto de un millón 956 mil 72 pesos.
“El referido pago constituye un hecho superviniente que la autoridad investigadora debe tomar en cuenta para deslindar responsabilidades a funcionarios del gobierno del Estado de México que participaron en el financiamiento de las empresas que pudieron haber operado el espionaje”, destacó Madero.
En respuesta, el diputado federal priista Alfonso Navarrete Prida presentó documentos sobre cómo la empresa referida ganó un concurso de licitación para desarrollar un “software de vigilancia industrial” y no para espiar a políticos.
El exprocurador mexiquense destacó que esta empresa ganó el concurso porque la persona involucrada había sido delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el gobierno de Vicente Fox, y eso lo convertía en alguien confiable para esta tarea.
El senador Tomás Torres Mercado, del PVEM, hizo un llamado para respetar las resoluciones que las instituciones han emitido al respecto, ya que “la información luego se trae al espectáculo de la discusión”.
En tanto, el senador del PRD, Carlos Sotelo, expresó su preocupación de que en el país se siguen presentando este tipo de prácticas ya que, consideró, es un tema que debió superarse con los gobiernos panistas de la alternancia.