MÉXICO, D.F. (apro).- El gran lastre que Felipe Calderón heredará a su próximo sucesor es la impunidad en el sistema de procuración y administración de justicia, aseguró Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Además, lamentó que el tema de derechos humanos no haya sido incluido por los candidatos presidenciales en sus planes de campaña. Durante su participación en el “Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. Política de Seguridad en el sexenio de Calderón”, organizado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Hernández Valencia apuntó que como representante de la ONU, por “prudencia” no le corresponde hacer llamados a los candidatos presidenciales para que incluyan el tema de las garantías individuales en su agenda, pero lo hará una vez que haya nuevas autoridades federales. El representante de la OACNUDH sugirió a los candidatos a construir “un gran diálogo y un consenso nacional en torno de una sola bandera en la lucha contra la impunidad”. Asimismo, explicó que a unos meses de que Felipe Calderón deje la administración federal, “el gran pendiente tiene que ver no sólo con el problema de seguridad ciudadana, sino más allá, con el tema de la impunidad”. Suavizó el señalamiento al agregar que “el gran foso y la gran fractura institucional que atraviesa no sólo México, sino otros países en la región, es el enorme déficit de la institucionalidad del sistema de administración y procuración de justicia, entendido como eslabonamiento de componentes diversos en el sistema de procuración de justicia”. Añadió: “El gran tema en el que no sólo el gobierno federal, sino los candidatos y la candidata, deberían enfocar sus esfuerzos de manera prioritaria, es la organización de un gran diálogo y consenso nacional en torno de una sola bandera en la lucha contra la impunidad”. No obstante, el diplomático lamentó que “a tres semanas de las elecciones generales (las organizaciones sociales) no logramos introducir el tema de los derechos humanos en las campañas presidenciales, pese a que existe un consenso en cuanto a cuál es la agenda prioritaria de derechos humanos. Tenemos esfuerzos, experiencias y hemos obtenido resultado legislativos”, dijo. Hernández Valencia resaltó que a lo largo de las campañas, el único momento en el que los candidatos estuvieron en contacto con el tema fue en la pasarela ante integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, el pasado 28 de mayo, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec En un tono de autocrítica, el representante de la ONU sostuvo que “se hubiera podido poner como un eje de compromiso (a los candidatos). No estoy diciendo que como ya perdimos oportunidad, no hay nada que hacer, lo único que estoy diciendo es que (el tema) ya no entró en su preocupación”. Sostuvo que desde su posición diplomática no le corresponde “hacer llamados a los candidatos y a la candidata a asumir algún compromiso, eso es responsabilidad de los ciudadanos mexicanos, yo tengo que ser prudente. Mi relación es con autoridades constituidas. Entonces, cuando alguno de ellos o ella sean autoridades, espero tener un diálogo pronto, y ojalá también constructivo”. En el evento, la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro, lamentó que el sexenio de Felipe Calderón haya transmutado su promesa de ser “presidente del empleo por ser el presidente de los miles de muertos y los miles de desaparecidos”. Advirtió que el panista dejará a su sucesor “varios vacíos, no dará respuesta por el desastre nacional, se irá sin explicarnos dónde están los desaparecidos o por qué no se identificó a 25 mil personas que durante su sexenio fueron a dar a la fosa común, según información de la PGR. Tampoco sabremos por qué es que hasta ahora se nos dice que altísimos funcionarios del PRI estuvieron involucrados con el narcotráfico”, puntualizó. Autocrítica, la defensora lamentó que las organizaciones sociales no tuvieran la capacidad para articular movimientos sociales que exigieran a las autoridades acabar con la violencia y pedir cuentas por los desaparecidos, “sin importar su origen geográfico, ideológico, de oficio o profesión”. Pero también reprochó a los organismos internacionales “que no hayan tenido la capacidad ni la imaginación para presionar al gobierno mexicano para atender el problema de la alta violencia”.