Piden ONG a presidenciables postura sobre "guerra sucia" del pasado

jueves, 21 de junio de 2012
MEXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de la guerra sucia de los sesenta y setenta hicieron un llamado a los aspirantes a la Presidencia a pronunciarse sobre el esclarecimiento de los crímenes del pasado. A nueve días de la jornada electoral, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afaddem), Nacidos en la Tempestad, Fundación Diego Lucero, Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa y Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, entre otras, condenaron además que la alternancia política no haya puesto fin a la impunidad. En un pronunciamiento, las ONG mostraron su preocupación de que la reconciliación con las víctimas del pasado no haya formado parte de la agenda de los cuatro candidatos que aspiran a relevar al panista Felipe Calderón en la Presidencia, en cuyo sexenio “nunca hubo una estrategia o siquiera algún pronunciamiento concreto”. La ausencia del tema en la agenda ocurre a pesar de que las ONG han documentado y denunciado, durante más de 40 años, unas mil 200 desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, allanamientos, encarcelamientos injustos en condiciones degradantes y procesos judiciales amañados, entre otros abusos, y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2001 en la que acreditó 275 desapariciones forzadas e integró 532 expedientes de queja. “Como familiares, organizaciones y colectivos, es preocupante que en ninguna de las propuestas de campaña presentadas por los candidatos o la candidata a la Presidencia, se contemple el tema de la verdad y la justicia en casos del ‘pasado’ y del presente, así como el del combate a la impunidad histórica y cumplimiento de los compromisos internacionales en esa materia, a pesar de haber sentencias contra el Estado mexicano en esa materia”, advierten en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Centro Diocesano para los Derechos Humanos Juan Fray de Larios y Red de Organismos Civiles para los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que reúne a 72 agrupaciones en el país. Las ONG destacaron que al principio del gobierno de Vicente Fox hubo una leve esperanza por encontrar justicia cuando fue creada la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en respuesta a la recomendación de la CNDH, pero la esa instancia fue cerrada el último día del primer gobierno panista, sin que se alcanzaran mayores logros. “Según información solicitada vía IFAI por el Centro Prodh, de 570 recibidas por esa fiscalía no se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria; no han existido consignaciones de responsables que hayan derivado en proceso penal; se han archivado alrededor de 150 averiguaciones previas, y el resto se mantienen empolvadas en cajas dentro de la Coordinación General de Investigación (CGI) adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR)”, resaltaron. Para los familiares de las víctimas de los crímenes del pasado mientras la impunidad siga presente, “no es posible concebir que México pretenda ser llamado un país democrático cuando en la vía de los hechos eso no ha sido traducido en una transformación hacia la verdad, justicia y reparación integral”. Es por ello que familiares y organizaciones sociales hicieron “un fuerte llamamiento” a los aspirantes presidenciales, con el “fin de que se comprometan con la investigación de los delitos cometidos por parte de órganos de seguridad y política del Estado mexicano en la época denominada como ‘guerra sucia”, y que éstas averiguaciones deriven en sanciones a los responsables, reconocimiento a la verdad y reparación a las víctimas y sus familiares”. Además pidieron a los candidatos promover iniciativas de ley en materia de derechos humanos apegadas a estándares internacionales, entre ellas una en contra de la desaparición forzada de personas y otra que acote el fuero militar. Atender las peticiones de los familiares de víctimas y de organizaciones sociales, acotaron, permitirá “evitar nuevos abusos cometidos por las fuerzas públicas y de seguridad del Estado mexicano, o bien por grupos o individuos que actúen bajo la aquiescencia de éste”. Para los firmantes del comunicado, quien llegue a la Presidencia “deberá comprometerse con la verdad, la justicia y la memoria histórica del pueblo mexicano”, garantizar el acceso a la justicia y “facilitar los mecanismos de reparación para las víctimas y sus familiares, de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos”.

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