WASHINGTON (apro).- Con cinco votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declaró inconstitucionales tres de las cuatro secciones de la ley SB 1070, aprobada e instrumentada en el estado de Arizona para criminalizar a Los migrantes indocumentados. El fallo establece como improcedentes a los mandatos estatales de la SB 1070, que daba a las autoridades y policías de Arizona, la autoridad de aplicar leyes migratorias que solo competen al gobierno federal estadunidense. “Me complace que la Corte Suprema haya anulado disposiciones claves de la ley migratoria de Arizona”, dijo el presidente Barack Obama, luego de conocer el fallo sobre la SB 1070. Aun cuando la intervención de la Suprema Corte dejó básicamente “sin dientes” a la SB 1070, el fallo acoto que el estado de Arizona tiene la jurisdicción de hacerse responsable del control de sus fronteras. Jurídicamente esto significa que el estado, por medio de sus autoridades policiales, tiene derecho a llevar actos de verificación del estatus migratorio de personas que estén dentro del territorio estadunidense, pero que, bajo su propio criterio, sean sospechosas de ser migrantes indocumentados. A pesar de que esto pareciera una acción antimigratoria premeditada, el fallo de la Corte Suprema lo que hace en este inciso de la ley es que las autoridades del estado de Arizona, cuando soliciten la verificación de documentos de residencia a una persona, lo consulte con las autoridades migratorias federales. “Lo que esta decisión deja inconfundiblemente claro es que el Congreso tiene que tomar un acción sobre la reforma migratoria amplia”, aclaró el presidente Obama. La Corte Suprema con su determinación anula de manera concreta tres acciones antimigratorias de la SB 1070, las cuales pretendían criminalizar a los migrantes indocumentados bajo un sustento totalmente racista. Ahora, aun cuando se tengan que hacer revisiones del estatus de residencia de personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados, estas tendrán que contar con fundamentos razonables para cuando se cotejen con las autoridades migratorias federales. La policía del estado de Arizona podrá seguir deteniendo e incluso interrogando a personas presuntas sospechosas de ser migrantes indocumentados; pero ya no deberá retenerlos por tiempo indefinido, como si fueran criminales. La policía estatal de Arizona queda acotada en las acciones migratorias que la SB 1070 impugnaba, y el fallo del magistrado supremo lo que hace en este sentido es enfatizar que la instrumentación de las leyes migratorias en el territorio estadunidense le corresponde al gobierno federal. “Me sigue preocupando el impacto de la disposición restante de la ley de Arizona, que permite que los funcionarios locales en cumplimiento de la ley verifiquen la situación migratoria de todo aquel que ellos puedan sospechar de que está ilegalmente en Estados Unidos”, matizó el presidente Obama. Lo que anula la ley es la orden de que todo inmigrante y, hasta ciudadanos de Estados Unidos que residan en Arizona, porten a todos lados documentos con los que pueden verificar su estatus de residencia en la Unión Americana. “Estoy de acuerdo con la Corte en que no se puede detener a los individuos exclusivamente para verificar su situación migratoria. Ningún estadunidense debe tener que vivir en ningún momento bajo la nube de la sospecha en base a su apariencia física”, remató el presidente de Estados Unidos. Políticamente, la decisión de la Suprema Corte es una derrota para el estado de Arizona y el sector mas conservador del Partido Republicano que se da justo cuando su candidato presidencial, Mitt Romney, busca de manera desesperada ganar el voto de la población hispana que apoya la no criminalización de las leyes migratorias.