MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal lamentó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró constitucional una sección de la Ley SB1070 que permite a las autoridades estatales de Arizona verificar la condición migratoria de las personas “bajo ciertas circunstancias”. La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó hoy tres de cuatro secciones de la polémica Ley SB1070, conocida como Ley Arizona, aunque mantuvo la posibilidad de checar la situación legal de sospechosos de estar en el país de manera ilegal. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló: "El gobierno de México lamenta que la Corte no haya encontrado, en principio, elementos para declarar inconstitucional la sección 2(b) de la SB1070 en función de la preeminencia de la ley federal. Esta sección faculta a las autoridades estatales, en casos de detención o arresto, a verificar, bajo ciertas circunstancias, la condición migratoria de las personas". No obstante, la decisión de la Corte dejó abierta la posibilidad de que la mencionada sección sea impugnada una vez que entre en vigor, en tanto las cortes inferiores establecen un criterio para su aplicación, por lo que la cancillería detalló que el gobierno mexicano ya tomó nota de ello. La SRE celebró, en cambio, que la Corte haya declarado inconstitucionales las secciones 3, 5(c) y 6 de la Ley SB1070, conocida como Ley Arizona, que permitían a las autoridades locales arrestar sin una orden judicial a cualquier persona cuando hubiera “causa aparente” para suponer era sujeta de deportación. Dichas secciones continuarán suspendidas. En su comunicado, la cancillería recordó que desde abril de 2010, México ha señalado que la ley SB1070 y otras similares que han surgido y han sido aprobadas en Estados Unidos, no reconocen las “numerosas contribuciones” de los inmigrantes a sus comunidades de destino. Por el contrario, lamentó, este tipo de leyes conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre las sociedades. "La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visitan estados donde han entrado en vigor", enfatizó la SRE. La dependencia advirtió que el fallo de la Corte Suprema y la posterior interpretación por las cortes estatales de la sección que no fue bloqueada, tendrán amplias implicaciones legales y políticas. Detalló que aún existen otros procesos y recursos jurídicos contra la Ley SB1070 y legislaciones similares aprobadas en otros estados, y afirmó que México seguirá abogando por la adopción de esquemas que reflejen la complementariedad de las economías y mercados laborales de América del Norte. Además sostuvo que los flujos migratorios deben ser “legales, seguros, ordenados y respetuosos” de los derechos humanos para impulsar el bienestar, la prosperidad y la competitividad en la región. En cuanto a los inmigrantes mexicanos que se verán afectados con la decisión de la Corte, la cancillería informó que el gobierno de México los mantendrá informados sobre sus alcances y efectos a través de su embajada en Estados Unidos y su red consular. "Continuará, asimismo, instrumentando todas las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance para defender los derechos fundamentales de los mexicanos en ese país, sin importar su condición migratoria", subraya la SRE.