MÉXICO, D.F. (apro).- En la más reciente audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) celebrada en San José, Costa Rica, el gobierno de Felipe Calderón se comprometió a promover la realización de un periodo extra en el Congreso, con el fin de que los diputados aprueben la reforma al Código de Justicia Militar, así como suministrar una versión pública de la Averiguación Previa sobre la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares durante la guerra sucia de los años setenta. De acuerdo con el director del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Octavio Amezcua, en la audiencia privada que tuvo lugar el pasado viernes 22 para revisar los avances en el cumplimiento de la sentencia contra México por la desaparición de Radilla, se “permitió a los representantes y a las víctimas exhibir las fallas en el acatamiento de la sentencia, comprometer al Estado mexicano a hacer efectivo su discurso, pero también nos permitió comprometer a los jueces a estar más cerca del caso”. En entrevista con apro, el abogado destacó que Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla, aprovechó la ocasión para reclamar que la familia no se ha sentido reconfortada con el proceso de cumplimiento, ya que no han sido tomados en cuenta en su principal demanda, que es la localización de su padre. “Tita también lamentó que la CoIDH haya validado el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado, a pesar de que ningún miembro de su familia estuvo presente, por lo que hizo ver que para ellos la disculpa pública nunca existió y que, por el contrario, el agravio fue mayor porque no se les tomó en cuenta”, apuntó Amescua Noriega. El también representante de la CMDPDH dijo que, al denunciar la falta de acciones concretas para localizar a Rosendo Radilla, “que es la exigencia central de su familia”, los representantes del gobierno de Felipe Calderón reconocieron que en los últimos meses realizaron nueve interrogatorios a militares que estuvieron asignados al cuartel de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez Radilla Pacheco. “Se nos permitió ver las declaraciones y de ellas lo que vemos es un reconocimiento de los militares de que en el cuartel de Atoyac y en Acapulco se cometían ejecuciones extrajudiciales; que algunos de los detenidos en Atoyac eran llevados a instalaciones militares de Acapulco y otros al Campo Militar Número Uno; que un coronel de apellido Cassini era el responsable del cuartel de Atoyac y de las operaciones ordenadas; que en la región operaron los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, entre otros datos”, acotó Amezcua Noriega. En la sesión de la CoIDH, Amezcua Noriega recordó que él y Tita Radilla reclamaron no haber sido llamados para atestiguar las comparecencias de los militares. Además, subrayó que del contenido de las declaraciones “no se desprende el destino final de los detenidos y ejecutados en los cuarteles de Atoyac y Acapulco; también detectamos que en los interrogatorios del agente del Ministerio Público federal no se insistió en ese punto tan importante”. Ante el reclamo de Tita Radilla, así como de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes también asistieron a la audiencia, “logramos comprometer ante los jueces de la Corte al gobierno mexicano a presentar una bitácora de las diligencias encaminadas a la búsqueda y localización de Radilla Pacheco. “La bitácora la vamos a revisar nosotros y haremos observaciones, ya que que una de las inconformidades más fuertes por parte de la familia Radilla es que hay diligencias que, de desahogarse, podrían dar pistas claras del paradero de Rosendo, así como de cientos de desaparecidos de esa época”, añadió Amezcua. Por lo pronto, el abogado señaló que a partir de julio la Procuraduría General de la República (PGR) iniciará un proceso de entrega de los 30 tomos que comprende el expediente de Rosendo Radilla. “Cada mes nos entregarán tres tomos en una versión pública, otros tantos serán enviados a la CoIDH, con el fin de que podamos participar más activamente en la indagatoria”, dijo. Sobre el incumplimiento de las reformas al Código de Justicia Militar, Amezcua Noriega señaló que en la audiencia los representantes del Estado mexicano, encabezados por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Max Diener Salas, presumieron de la aprobación del dictamen en comisiones en el Senado. “Corregimos a los funcionarios, ya que se apruebe el dictamen en comisiones no significa nada, pues cuando se instale la próxima Legislatura pueden tomar en cuenta o no el dictamen o empezar el procedimiento nuevamente; fue en ese momento que el subsecretario de la Segob se comprometió a impulsar un periodo extra para aprobar las reformas”, explicó Amezcua. Otros de los acuerdos a los que se llegó en la audiencia del viernes 22 es la publicación en agosto de un libro con la semblanza de Rosendo Radilla, así como prestar atención médica y psicológica a la familia.