MONTERREY, N.L. (apro).- Una abogada mexicana prepara una demanda civil en contra de de la Agencia de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en representación de deudos de víctimas del operativo ‘Rápido y Furioso’, con el que el gobierno estadunidense introdujo ilegalmente armas al país para rastrearlas y atrapar a los criminales que las adquirieron. Se trata de Diana Eugenia González Saldaña, que tiene dos maestrías, en Ciencias Penales y Criminología, por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y quien, en coordinación con un despacho de Houston, Texas, se propone entablar una acción legal contra la dependencia estadunidense por los daños que ocasionó el operativo, cuyo fracaso ya fue reconocido públicamente por el gobierno de Barack Obama. Esta sería, dice, la primera demanda interpuesta por mexicanos contra los promotores del fallido plan para seguir el rastro de las armas introducidas ilegalmente a territorio mexicano, la mayoría de las cuales fueron a parar, por cierto, a manos del crimen organizado. En entrevista, la abogada, quien litiga de manera particular, precisa que el bufete texano que la auxiliará le pidió que reuniera 50 casos para presentar de manera sólida la queja de orden civil en el vecino país del norte. Actualmente, dice, tiene documentados cuatro casos, entre ellos el de Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora del estado de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, quien fue secuestrado y asesinado con una de las dos mil armas introducidas ilegalmente al país como parte del operativo “Rápido y Furioso”. Con esta demanda, de la que afirma no cobrará a los afectados, ella arriesga su integridad, pero siente la necesidad ciudadana de hacerlo, dice la penalista. “Me la estoy jugando sola. Estoy arriesgando mi vida, mis cosas, mi familia, todo, pero es algo que alguien tiene qué hacer porque nadie ha tenido los pantalones para hacerlo. No puedo creer que a nadie se le haya ocurrido esta idea, pero lo que sucede es que todo mundo tiene miedo, por angas o mangas”, señala González. Su plan es presentar una demanda civil en contra de ATF. Aunque en México no es posible demandar a una dependencia, en Estados Unidos sí y será un juez el que determine, si procede la demanda, quienes son los funcionarios responsables. La litigante aseguró que está dispuesta a trabajar durante años para compilar documentos e impulsar la demanda para que prospere ante el fiscal de distrito de Houston, donde espera interponerla. Desde hace dos semanas comenzó la recopilación de constancias documentales para estructurar la querella. “Buscamos que sean indemnizadas pecuniariamente las familias de las víctimas. La cantidad de lo que recibe cada una la establece el juez, pero imagínate una demanda lo que alcanzaría. A mi no me interesa la prisión corporal de los culpables, lo que me interesa es que no dejen en situación de desamparo a los deudos”, afirma. Las demandas penales son las que llevan a las personas a la cárcel. Las civiles, como la que presenta, buscan el resarcimiento de un daño. Explica que la parte más sencilla de la demanda es acudir ante los tribunales norteamericanos. La parte difícil es reunir los expedientes de cada uno de los casos documentados en México de muertes provocadas por armas introducidas por el operativo fallido. Por ello en los próximos días espera entrevistarse con la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, a quien planea solicitarle acceso a los documentos para robustecer su demanda. “Si ella me da luz verde para emprender esta tardea, podría acceder a los expedientes penales. Además es inconstitucional que sólo los interesados puedan ver los expedientes penales. Claro, tengo que hablar con los familiares de las víctimas para ver si están de acuerdo”, dice. Los cinco abogados del despacho estadunidense, del que se reserva el nombre por razones de seguridad, le piden 50 casos con fojas judiciales, para poder sostener un caso en el que se confrontarán directamente con el poderoso gobierno de Estados Unidos. Los interesados en allegarle información sobre el caso, pueden comunicarse con ella por correo electrónico a la dirección victimasdelatf@hotmail.com. Dice que no está concentrada en conocer quién fue el criminal que accionó el gatillo contra las víctimas, sino encontrar a los responsables de entregar esas armas de alto poder a manos equivocadas, que privaron de la vida a inocentes. De acuerdo con una carta difundida por el diario Los Ángeles Times, el Departamento de Justicia le respondió al Comité de Justicia del Senado de Estados Unidos que al menos 57 armas del operativo fueron usadas en 11 crímenes en ese país desde que inició Rápido y Furioso a finales del 2009. Entre las víctimas estadunidense documentadas están: Brian A. Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, muerto en Arizona, y Jaime Zapata, agente de Inmigración y Control de Aduanas, balaceado en territorio mexicano. Actualmente, González Saldaña es candidata a diputada local por el Partido del Trabajo (PT). Afirma que esta demanda la presenta como ciudadana. Sostiene que la planeó desde antes de aceptar la candidatura y espera que su quehacer político no interfiera con esta iniciativa que hace a favor de las víctimas. Y asegura que después de los comicios, independientemente del resultado, continuará con esta iniciativa. La abogada es esposa de Aldo Fasci Zuazua, ex secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, de quien está separada.