MÉXICO, D.F. (apro).- Este viernes 8 será publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal que, entre otras cosas, permite a testigos protegidos por la autoridad judicial cambiar su identidad y brindarles seguridad social y económica. La nueva norma, que entrará en vigor en enero de 2013, también prevé la creación de un Centro Federal de Protección a Personas, órgano desconcentrado y especializado de la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con la titular de la PGR, Marisela Morales, quien hizo el anuncio oficial hoy en un evento realizado en Los Pinos, el programa protegerá a los testigos cuando su participación en un procedimiento penal por delitos graves o delincuencia organizada, les genere situaciones de amenaza o riesgo inminentes. “Mediante esta ley podrán incorporarse al programa federal de protección a personas: víctimas, ofendidos, testigos, peritos, policías, agentes del ministerio público, jueces y demás miembros del Poder Judicial, así como otras personas cercanas a las señaladas y cuya participación en un procedimiento penal por delitos graves o delincuencia organizada les genere situaciones inminentes de amenaza o riesgo”, señaló. De acuerdo con la nueva ley, que contiene 16 capítulos, 31 artículos y un transitorio, una “persona protegida” es todo individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal. “Testigo colaborador” es la persona que habiendo sido miembro de la delincuencia organizada accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de la organización delictiva. En cuanto al Centro Federal de Protección a Personas, que estará a cargo de un director que será nombrado por el presidente en turno, a propuesta del procurador, indicó que contará con un grupo multidisciplinario de servidores públicos integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, “y demás profesionistas que sean necesarios” así como elementos de la Policía Federal ministerial. Con esta nueva ley, dijo, los testigos protegidos tendrán custodia policial, asistencia psicológica, médica y sanitaria, cambio de domicilio, cambio de lugar de trabajo, alojamiento temporal, ayuda económica para trámites personales, reinserción laboral y en algunos casos, una nueva identidad. En caso de que los testigos o colaboradores protegidos se encuentren en prisión, serán separados del resto de la población y tendrán asistencia en materia jurídica, abundó la procuradora. A pesar de las “bondades” que presume la nueva ley, expertos en materia penal, como el abogado Manuel Baca Godoy, afirman que tendrá más complicaciones que beneficios. Como lo afirmó en entrevista a Proceso (No. 1855) el director del nuevo Centro, tendrá exceso de facultades y será el único autorizado para aceptar o revocar la permanencia de una persona en el programa de testigos protegidos. Según el abogado esas facultades sólo están reservadas para la autoridad jurisdiccional, es decir que se trata de una “invasión” porque sólo el juez puede establecer la idoneidad o no de un testigo protegido para proporcionar información veraz. Además, dijo, el dictamen no define claramente los mecanismos que garanticen que existirá una adecuada investigación en torno a la información que el testigo protegido, ahora llamado “testigo colaborador”, proporcione al Ministerio Público. El abogado, puso como ejemplo el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, a quien defendió en el proceso que se le llevó por lavado de dinero y presuntos nexos con el narcotráfico. Villanueva fue detenido el 7 de mayo de 2001 y fue liberado el 21 de junio de 2007 luego de que la mayoría de los testimonios rendidos por 13 testigos protegidos que lo acusaban de lavar dinero para el Cártel del Juárez, resultaron falsos o no pudieron ser probados por el Ministerio Público. Otro caso de las deficiencias del uso de testigos protegidos, expuso, fue el del Michoacanazo, cuando el 26 de mayo de 2009 en plenas elecciones intermedias, el PRD sufrió un golpe electoral de parte del gobierno federal. En esa ocasión, el gobierno federal ordenó la detención de 35 funcionarios de gobierno estatal y alcaldes, en ese entonces a cargo del perredista Leonel Godoy. Testigos protegidos los acusaban de estar coludidos con La Familia Michoacana. Un año después todos fueron absueltos. Según el abogado, una vez que la ley entre en vigor, deberá reformarse para que se establezca como un requisito sine qua non que la autoridad ministerial -PGR o SIEDO- realice una verdadera investigación para establecer la veracidad de la información que proporcione el testigo colaborador. “Si no se cumple con este requisito, pueden darse actos de autoridad totalmente infundados para el ingreso de personas al programa de testigos colaboradores, como ha sucedido ", advirtió. Sugirió también someter a control institucional las decisiones del director del centro federal para que antes de que autorice el ingreso de un testigo protegido al programa, acuda ante el juez de distrito para que éste califique la idoneidad del testigo y constate que la autoridad investigadora realizó toda una labor de investigación para establecer la veracidad del testigo colaborador. Basado en su experiencia, Baca Godoy, afirmó que no es jurídico ni justificable someter a una persona a procedimiento penal por el dicho de un testigo protegido o colaborador. Antes, subrayó, la autoridad ministerial debe constatar la veracidad del testigo en la averiguación previa a través de los distintos medios de prueba autorizados en la ley, con el fin de sustentar las imputaciones que los testigos colaboradores realizan contra personas, a quienes se detiene y pueden pasar parte de su vida presos y pierden todo: economía, seguridad pero sobre todo la libertad.