MONTERREY, N.L. (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se extralimitó al dictaminar que el panista Fernando Larrazábal, diputado federal electo, no vuelva a la alcaldía de esta ciudad. Eso contraviene una resolución en firme de un tribunal colegiado que ordenó exactamente lo contrario, señaló el abogado Olmo Guerrero, quien promovió el amparo contra el presidente municipal regiomontano. “Dentro de la competencia del TEPJF no se encuentra ningún elemento que permita revocar resoluciones firmes de un tribunal colegiado. El TEPJF busca dejar sin efecto una resolución definitiva que ordena el regreso del presidente municipal democráticamente electo, y en eso no tiene competencia”, explicó el litigante en entrevista telefónica. El representante legal del ciudadano Eduardo Montemayor, quien promovió el recurso contra Larrazábal, dijo que la sentencia de la más alta autoridad electoral no es definitiva, pues no puede invadir la competencia de otra autoridad que es de carácter administrativo. “Consideramos que no se ha nulificado la determinación del colegiado, misma que está cumplimentando el juzgado de distrito, y le vamos a pedir de nuevo su cumplimiento al ayuntamiento, en virtud de la existencia de esta resolución que no ha sido borrada del mundo jurídico”, apuntó. Explicó que la autoridad electoral no ha provocado efecto en la resolución que tomó el juez que ordenó al Congreso –el pasado miércoles 4– revocar el acuerdo que había aprobado para dar licencia definitiva al panista, quien compitió y ganó en las elecciones del 1 de julio por el distrito 10 federal con sede en esta ciudad. Al reconocer que la demanda contra Larrazábal ha entrado a un laberinto jurídico, en un escenario inédito consideró que el TEPJF únicamente sancionó a favor de los derechos políticos del candidato, sin atender el reclamo de los derechos del ciudadano, que es el fundamento del amparo promovido por Montemayor. “El TEPJF adoptó una posición electoral y por eso dice que es competencia de ellos, pero de la manera que nosotros lo planteamos en el juzgado de distrito en materia federal, esto es materia completamente administrativa. Hay un desfase en los temas. Nosotros siempre abordamos el tema desde la perspectiva del gobernado y su derecho a una representación democrática”, dijo. La postura de la autoridad electoral, reiteró, es la de salvaguardar prerrogativas de los candidatos. “Ellos lo vieron desde la perspectiva del gobernante y su derecho a ser votado, es diferente. Y cuando el TEPJF empieza a resolver, lo hace sin ver el planteamiento que se hace en el juzgado de distrito, que es completamente diferente”, precisó. Para revertir la decisión de los magistrados del TEPJF, el abogado acudirá mañana ante el juez tercero de distrito en materia administrativa, Héctor Pérez, para pedirle que cumpla con la decisión del tribunal colegiado que vio la demanda de amparo de Montemayor. Por separado, Larrazábal celebró el fallo del tribunal electoral y dijo que se quejará ante el Consejo de la Judicatura contra el tribunal colegiado y el juez administrativo que llevó su caso, pues la demanda en su contra, añadió, debió ser desechada de inicio. “No debió de haber sido nunca tratado ni recibido ese tema, porque es estrictamente electoral. El daño que causaron fue en mi persona, en mi partido y un daño electoral. También voy a evaluar si presento una denuncia de tipo penal por los posibles actos indebidos en el actuar de estos servidores públicos”, advirtió.