Tuiteros presentan ante el IFE recurso de nulidad de la elección presidencial

viernes, 13 de julio de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- De última hora y en un hecho insólito, un grupo de tuiteros interpuso ante el IFE un recurso de nulidad de la elección presidencial sustentada en las tesis de que fue inequitativa y violentó varios preceptos legales y constitucionales. La impugnación se presentó ayer en la noche, después de que representantes del candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador acudieron al IFE a presentar un recurso para invalidar la elección por el cúmulo de irregularidades que se presentaron antes y durante la jornada electoral. Los cerca de 500 tuiteros acompañaron su solicitud de nulidad con videos y otras pruebas documentales sobre el presunto fraude electoral. A nombre del grupo de tuiteros, Eduardo Castro señaló que es la primera impugnación que presenta un grupo de ciudadanos que no pertenece a partido político alguno y que están insatisfechos con la parcialidad de la elección por casos como el de Soriana y Monex. El documento entregado por los tuiteros al IFE la noche del jueves 12, fecha límite para la presentación de impugnaciones, está basado en el artículo octavo constitucional, que garantiza a los ciudadanos mexicanos el derecho de petición. A su vez basan su solicitud de invalidar los comicios en el artículo 41 constitucional que establece que la elección de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Según los tuiteros, “no es posible afirmar que las elecciones celebradas el 1 de julio de 2012  fueron ni libres ni auténticas” y enumeraron las razones por las que consideran que no hubo equidad: compra y coacción del voto, inequidad en los medios de comunicación, encuestas manipuladas, rebase de gastos de campaña por 4 mil 500 millones de pesos, renta de aviones privados por 100 millones de pesos, 36 millones de pesos en tarjetas Monex. También cuatro millones de tarjetas Soriana en despensas y telefonía, espectaculares, bardas y publicidad por 400 millones de pesos, erogaciones ilegales de gobiernos estatales a cargo del PRI, anuncios por Internet, periódicos, cines, sitios web, producción de 98 spots, call centers y publicidad desmedida. Asimismo, mencionaron el “operativo Ágora” plenamente documentado, “anillos mapacheros”, “carrusel” y demás prácticas antidemocráticas; urnas embarazadas, robadas y quemadas en diversas secciones a escala nacional, así como boletas duplicadas y preimpresas. Citaron además el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que establece las causales de anulación de una casilla electoral. Entre dichas causales se encuentra: haber mediado dolo o error en la computación de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado; ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación y la existencia de irregularidades graves, “plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma”. Mencionan también el artículo 77 Bis, sobre las causales de nulidad de la elección que estipula, entre otras cosas, que una elección podrá ser anulada cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en la ley se acrediten en por lo menos el 25% de las casillas instaladas y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos. Los tuiteros consideraron que convalidar la legalidad de la elección “vulnera garantías individuales de manera masiva y flagrante” y por ello solicitan al IFE “de manera pacífica y respetuosa” declare la invalidez de la elección celebrada el 1 de julio 2012. Señalan que las pruebas documentales, de texto, hipertexto, imagen, video y/o audio, que anexaron a su petición, deberán ser valoradas de forma individual y en su conjunto y piden a la autoridad electoral una respuesta “puntual y clara”, de su contenido y de la relación que guarda con lo que denuncian.

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