MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas de que el gobierno de Felipe Calderón comparezca ante el comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organizaciones civiles reprocharon el incumplimiento del Estado mexicano a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a favor de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. En busca de justicia, Rosendo Cantú y Fernández Ortega, indígenas guerrerenses agredidas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en febrero y abril de 2002, respectivamente, lograron que la CoIDH emitiera en 2010 sentencias en contra del gobierno mexicano y que incluían el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en las violaciones a derechos humanos de las que fueron víctimas, así como el procesamiento penal en el fuero civil. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), organización que representa legalmente a ambas indígenas, detalló los acuerdos sin cumplir por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), pese a que en los presupuestos de 2011 y 2012 el Congreso de la Unión destinó 30 millones y 31.5 millones de pesos, respectivamente, para el desahogo de los compromisos internacionales. En una carta enviada al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, decenas de organizaciones sociales nacionales e internacionales recordaron al funcionario federal que él personalmente se comprometió a cumplir con las sentencias del tribunal regional durante las disculpas públicas que encabezó en la Ciudad de México y en Ayutla de los Libres, Guerrero. A unos meses de que concluya el gobierno de Calderón, las organizaciones señalaron a Poiré que “en el cumplimiento de los resolutivos en materia de salud, educación, reparaciones comunitarias e indemnizaciones prevalecen graves rezagos que están vinculados a cuestiones administrativas”. Aunque reconocieron un leve avance al transferir el caso del fuero militar al civil, “hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. En más de diez años de los hechos, los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial”. Las ONG destacaron tener información de la realización de mesas de trabajo unos meses después de que fueron emitidas las sentencias, y que una reunión de estas se realizará este martes 17. Resaltaron que como titular de la Segob “tiene una última oportunidad de dejar un legado respetable en materia de derechos humanos mediante el cumplimento pleno de las sentencias de la CoIDH”. Entre las organizaciones que firman la misiva destacan la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), con 71 agrupaciones afiliadas; Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, de Francia; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; Servicio Internacional para la Paz de Alemania; Organización Mundial contra la Tortura y la Oficina de Washington para América Latina. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña detalló que de los siete ejes de acción para el cumplimiento de las sentencias, sólo se cumplió con los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional, en actos encabezados por Alejandro Poiré los días 15 de diciembre de 2011, para el caso de Valentina Rosendo, y 6 de marzo de 2012, para el de Inés Fernández. Y como parcialmente cumplido consideró el punto de las indemnizaciones, pues hasta ahora el gobierno federal no ha realizado las acciones necesarias para garantizar el pago de reparaciones por daños a los menores hijos de las mujeres agraviadas, una vez que cumplan la mayoría de edad, como lo indican las sentencias. Y sin cumplir consideró los puntos relacionados con el acceso a la justicia, pues a la fecha la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) “no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello”, además de que tampoco han sido sancionados los funcionarios de Guerrero que obstaculizaron las investigaciones. “El 12 de abril de 2011, hace más de un año, en su primer informe presentado ante la Corte, el Estado mexicano expresó únicamente que se inició la averiguación previa en contra de Concepción Barragán Alonso y Jorge Luis Astudillo Ponce. No obstante, a la fecha no existe ningún avance en dichas investigaciones”. En cuanto a los puntos de las sentencias referidos a la educación y la salud, así como la capacitación a las Fuerzas Armadas, las políticas públicas y reparaciones comunitarias, además de reformas legislativas, tampoco han sido acatadas, advirtió Tlachinollan. La organización concluyó que “en una escala del 0 al 10, donde extremo menor ocupa el incumplimiento… el desempeño del Estado mexicano sería de 2.1”. Acotó: “Ante este desempeño negligente y considerando la incertidumbre que genera la coyuntura política que enfrenta México, es indispensable demandar que las medidas reparatorias incumplidas o cumplidas sean cubiertas antes de que termine la presente administración”.