MONTERREY, N.L. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó que los 175 mil juegos de placas robados del Instituto de Control Vehicular (ICV) fueron destruidos y vendidos como pedacería. Con esa explicación, el titular de la dependencia, Adrián de la Garza Santos, aclaró el misterio de las láminas que fueron sustraídas de la bodega de la ICV entre enero y abril de este año. Una auditoría permitió a las autoridades darse cuenta del hurto en el que se encuentran implicados seis funcionarios de la dependencia, quienes actualmente están arraigados. Sandra Pámanes, dirigente estatal del PAN, consideró “un insulto a la inteligencia” la explicación que ofreció el procurador. El ICV es, dijo, un organismo que se ha prestado al tráfico de placas. “Es un insulto a la inteligencia de los nuevoleoneses el que pretendan decirnos que las placas desaparecidas fueron a parar a un molino para venderlas como chatarra y sacar provecho de su materia prima”, señaló Pámanes en un boletín difundido hoy. De la Garza Santos mencionó en conferencia de prensa que el 11 pasado de mayo se realizó una auditoría al ICV que derivó en una denuncia penal por la que fue abierta la averiguación 73/2012 en la agencia del Ministerio Público 3 de Delitos Patrimoniales. Acompañado por el secretario de la Contraloría estatal, Jorge Manjarrez, y la directora de la Unidad Anticorrupción, Minerva Narváez, el funcionario precisó que, por la venta de las placas destruidas, los ladrones obtuvieron 900 mil pesos, y añadió que entre los detenidos por el robo de las láminas se encuentra Homero González López, hermano del director de Operaciones del ICV, Santiago Adrián González López, quien se encuentra prófugo. El procurador exhibió fotografías tomadas de dos teléfonos celulares de Homero, en las que se observa la manera en que trabajadores de su taller de hojalatería trituran en un molino y guillotinan las láminas elaboradas con aluminio delgado. Con la destrucción de los 175 mil 508 juegos de placas se obtuvieron 40 toneladas de pedacería que fueron vendidas como chatarra, y el monto obtenido por su venta –agregó– fue depositado en cuentas bancarias a nombre de Santiago Adrián. En los mismos teléfonos de Homero, los investigadores encontraron gráficas de las decenas de cajas de cartón en las que se encontraban las placas. También había fotografías con grandes contenedores donde estaban depositadas las matrículas destruidas. El titular de la PGJE exhibió reportes de control de la bodega del ICV en los que consta que los hermanos González López ingresaron a deshoras, en seis u ocho ocasiones, para sustraer el material. También mostró oficios mediante los cuáles Santiago remitió la pedacería a empresas recicladoras para procesar las láminas de inmediato. Hasta ahora hay seis arraigados por la desaparición de las placas: Israel Carrillo, Eduardo Cardona y Homero González López, empleados de la coordinación de operaciones, así como los delegados Mario Alberto Medrano, Arnulfo Téllez Zavala y Luis Gildardo Pereo. La Procuraduría General de Justicia del estado ofreció hasta 500 mil pesos a quien ofrezca información sobre el paradero de Santiago Adrián González López. El pasado jueves 19, el exdirector del ICV, Pedro Morales Somohano, quien fue cesado al revelarse el robo, declaró su inocencia ante el Ministerio Público. De la Garza Santos dijo que Morales no ha sido exonerado, aunque no se encontró ningún elemento que lo vinculara con el robo. Por separado, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz dijo que no especulará en torno del caso y que las pruebas exhibidas hasta ahora son las que ha recabado la autoridad ministerial. “No voy a dar opiniones al aire. Esas son las conclusiones reales, duras, a las que llegó el Ministerio Público con pruebas contundentes. Ahí están, ya se dieron a conocer en los medios de comunicación y son muy concluyentes. Que cada quien norme su criterio. No voy a opinar si es creíble o no”, señaló esta tarde.