MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer en comisiones al secretario de Economía, Bruno Ferrari, para que explique todo lo relacionado con la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). El pasado 11 de julio, en secreto y sin enterar al Congreso de la Unión, el gobierno de México, a través de su embajador en Japón, Claude Heller, firmó el acuerdo antipiratería. Debido a ello, este martes, las comisiones Segunda de Relaciones Exteriores y de Educación Pública acordaron llamar a comparecer, además del titular de Economía, al del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), José Rodrigo Roque Díaz. Senadores y diputados de la Comisión de Educación rechazaron la firma del ACTA durante la sesión de este martes; a su juicio, el gobierno de México pasó por alto las disposiciones de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; e ignoró las conclusiones aprobadas por el Senado de la República el 6 de septiembre de 2011. Para los legisladores, el ACTA es un instrumento que puede vulnerar el orden constitucional y los derechos humanos de los mexicanos. También acordaron que un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe las razones por las que, "sin el menor ánimo de colaboración entre poderes", se decidió suscribir el convenio internacional. Ferrari y Roque Díaz tendrán que explicar a los legisladores los términos en los que se firmó el ACTA y el texto del documento. En el mismo resolutivo se exhortó al presidente Felipe Calderón a que realice las gestiones necesarias para que previamente a su ratificación se establezca una reserva de México, con el fin de que en nuestro país no sea aplicable el artículo 27 del ACTA, así como cualquier otra disposición que pueda afectar los derechos fundamentales. Además, se reconoce la voluntad entre las naciones para preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y de autor, pero "dichas acciones no deben dañar" los derechos a la libertad de expresión, de prensa e información. En el dictamen se mencionó que en un comunicado del IMPI, el gobierno federal aseguró que la firma del convenio tiene la finalidad de "combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas". Para ello, estableció "un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales". Sin embargo, los integrantes de la Segunda Comisión, que encabeza el senador del PRD, Leonel Godoy Rangel, no encontraron motivos para variar su apreciación sobre los riesgos que el ACTA genera en la vigencia de diversos derechos y libertades en México. El grupo plural de senadores en septiembre pasado determinó que la aplicación del ACTA podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a internet. Además que podría derivar en una censura a los contenidos de ese medio y restringir la libertad de funcionamiento y neutralidad que en el mismo debe prevalecer, advirtieron.