CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) declinó su competencia para investigar la muerte del despachador de combustible que falleció en el incendio de una gasolinera durante el desalojo de normalistas de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, durante el cual también perdieron la vida dos estudiantes. La procuradora de Justicia del estado, Marta Garzón Bernal, confirmó la decisión de la dependencia federal y lamentó que entre la Fiscalía de Guerrero y la PGR haga “falta comunicación”. En Acapulco, Garzón Bernal refirió que las autoridades federales decidieron rechazar el expediente de la muerte de Gonzalo Rivas Cámara, el trabajador de la gasolinera incendiada durante el funesto desalojo. La PGR argumentó simplemente que “no podía” aceptar el caso. La funcionaria estatal dijo que la Procuraduría local sólo se limitó a cumplir con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Ayotzinapa, que ordenó enviar a la PGR “todas las averiguaciones previas” relacionadas con el caso. Garzón señaló quela PGJ de Guerrero no pretende “entorpecer nada con las autoridades federales”, sino que su objetivo es acatar la recomendación de la CNDH para resolver los expedientes pendientes, como el caso Ayotzinapa. No obstante, la funcionaria estatal criticó la recomendación de la CNDH, porque sólo plantea sanciones para funcionarios estatales y prácticamente deslinda a las autoridades federales. “La CNDH emitió una recomendación de la cual todos los ciudadanos nos hemos dado cuenta que está muy dirigida y apretada hacia el gobierno estatal. ¿Por qué no sabemos nada de las autoridades federales a pesar de que participaron en el desalojo?; ¿por qué no tenemos conocimiento del ámbito federal y sólo del estatal?”, cuestionó la recién designada procuradora local. Luego lamentó que el exsubprocurador de Justicia, Alejandro Hernández Paz y Puente, y la agente del Ministerio Público del fuero común, Gloria Rocío Cruz Méndez, se encuentren presos en el penal de Chilpancingo por el caso Ayotzinapa. Son acusados por la PGR de incurrir en delitos de encubrimiento y contra la administración con la agravante de “poner en libertad de forma indebida”.