MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló hoy que en los últimos 18 meses han perdido la vida un total de 278 reos en las distintas prisiones del país en incidentes varios, como riñas, intentos de fuga, suicidios, homicidios e incendios. Sólo en 2011, dijo el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, murieron 171 presos en 49 eventos. En el primer semestre del año, se tienen contabilizadas 107 muertes, 75 de las cuales se registraron en dos penales: 31 en el de Altamira, Tamaulipas, y 44 en el de Apodaca, Nuevo León. A partir de esos datos, la CNDH calificó la situación de preocupante porque en algunos centros penitenciarios del país hay casos de negligencia en la preservación de los derechos humanos, a pesar de las recomendaciones emitidas por este organismo, las cuales tienen la finalidad de hacer del conocimiento de las autoridades y de la sociedad los problemas estructurales que presenta el sistema penitenciario, tan vinculados a la seguridad ciudadana. También destacó que el debido control de los centros penitenciarios es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano, a la que no pueden ni deben renunciar las autoridades públicas, porque impacta, de manera directa en la seguridad y en la procuración de justicia. La CNDH advirtió que resulta prioritaria la atención a las víctimas de los abusos del poder y del delito, y entre las atribuciones más importantes de este organismo nacional autónomo está la supervisión del respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario. El organismo recordó que realiza de manera permanente visitas para verificar las condiciones en las que se encuentran los internos. No obstante, consideró necesario que se intensifiquen las acciones orientadas a evitar que se cometan abusos en centros de reclusión y que se salvaguarden los derechos a la vida y a la dignidad, con el propósito de cumplir el mandato constitucional que prevé el segundo párrafo del artículo 18, en el sentido de que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir.