MÉXICO, D.F. (apro).- La Presidencia de la República deberá dar a conocer los números de teléfonos celulares que contrató, vinculados con los nombres de los funcionarios a quienes fueron asignados, instruyó hoy el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI). Aun peor. En la substanciación de un recurso de revisión sobre el caso, se determinó que la Presidencia mintió para declarar la reserva de la información que se ha negado a entregarle a un particular. Esta mañana, el pleno del IFAI desahogó el expediente RDA 1191/12, proyectado por la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal, en el cual se abordó el recurso interpuesto por un particular que solicitó la mencionada información para el periodo comprendido entre el 26 de enero y los tres meses siguientes. La Presidencia respondió a la solicitud que el servicio de telefonía fija es proporcionado por Avantel y Axtel, en tanto que el de celular los presta Radio Móvil Dipsa, es decir, Telcel. La oficina de Calderón aceptó dar a conocer las facturas pagadas por telefonía fija y orientó al ciudadano a revisar el directorio del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), donde están disponibles las extensiones de los servidores públicos. Sin embargo, sobre los teléfonos celulares, declaró la información bajo reserva de un año, por considerar que se ponía en peligro la vida, la salud o la seguridad de los ciudadanos, basándose en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El particular expuso en su inconformidad que, siendo los celulares información pública, por ser pagados con recursos públicos, debían entregársele los datos. Sin embargo, la Presidencia, en sus alegatos, expuso que difundir esa información ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública. La ponencia de Peschard localizó en el POT el nombre de los servidores públicos que cuentan con el servicio de telefonía móvil, su cargo y la clave de su puesto, con lo que pudo advertir que ninguno de éstos desempeñaba actividades directas en materia de seguridad nacional o seguridad pública. La comisionada presidenta del IFAI expuso que el servicio de telefonía celular es parte de las prestaciones otorgadas a los funcionarios, que el equipo y la renta son pagados con recursos del erario y que, en consecuencia, es información susceptible de publicidad. Además, consideró que el número de teléfono celular no es un instrumento para emprender acciones criminales o ilícitas en contra de servidores públicos, pues no permite conocer el domicilio de éstos ni su ubicación en determinado momento. Por lo anterior, el pleno del IFAI resolvió instruir a la Presidencia de la República a dar a conocer la información solicitada en un lapso de 10 días hábiles.