"La ley nos dio la razón": padre de joven asesinado por militares en Nuevo Léon

martes, 21 de agosto de 2012 · 19:52
MONTERREY, N.L. (apro).- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucionales los juicios en tribunales militares en los que hay víctimas civiles involucradas, les da la razón a los familiares de los afectados que han alegado lo mismo desde hace años, afirmó Otilio Cantú González, cuyo hijo fue asesinado a balazos por elementos del Ejército el año pasado en esta ciudad. A partir de ahora, dijo, los tribunales tendrán por lo menos una guía para saber cómo actuar cuando un militar incurra en un delito en el que haya civiles involucrados, pues anteriormente “en automático” pasaban a las cortes marciales. “Aunque sea tarde, por lo menos la Suprema Corte está dando ya la pauta para que los jueces tengan una guía. El problema antes es que los jueces no sabía por qué lado irse”, dijo Cantú González, médico de profesión, quien ha hecho campaña permanente para que el homicidio de su hijo sea juzgado en el fuero común. La madrugada del 18 de abril del 2011, Jorge Otilio Cantú Cantú, de 31 años, fue asesinado de 20 balazos cuando su coche circulaba por la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Puerto San Blas, en la colonia Las Brisas, al sur de Monterrey. Sus asesinos fueron soldados de fuerzas especiales que hacían trabajo de policías en un convoy de la corporación Seguridad Pública del estado, a la que le prestaban apoyo para reforzar con tácticas militares el combate a la delincuencia común. Aunque aplaudió la decisión del máximo órgano judicial en México, Otilio Cantú González consideró que ésta no será suficiente para erradicar la impunidad y la corrupción que hay en el país. “La decisión es que, cuando menos se hagan las cosas como marca la Constitución, pero que se acabe la impunidad, quién sabe porque ésta y la corrupción están muy arraigadas. Pero por lo menos se pondrá un antecedente para que ya no se ponga en entredicho la justicia mexicana”, dijo. Apro dio a conocer este martes que con una votación de ocho a dos, la Corte le dio el amparo a los familiares del indígena Bonfilio Rubio Villegas, quien fue asesinado por el Ejército en un retén militar en Huamuxtitlán, Guerrero, en junio de 2009, por lo que el caso pasará del fuero militar a un juzgado federal. Aunque sólo aplica para este caso, el máximo tribunal determinó la inconstitucionalidad del inciso a, fracción II, del artículo 57 del Código de Justicia Militar, a partir del cual la justicia militar se amparaba para atraer los casos de agresiones de militares contra civiles. El médico Otilio Cruz González ha observado cómo el caso de su hijo, dentro de la causa penal 239/2011, ha sido rebotado en múltiples ocasiones entre la justicia militar y la civil. En los últimos episodios de la indefinición jurídica del caso, el 11 de julio, cuando el expediente estaba con el juez sexto de lo Penal de Nuevo León con el número 158/2012, fue turnado a un juzgador militar, decisión de la que se enteró hasta el 27 de ese mes. El 30 de julio la instancia militar le informó que con motivo de la resolución dictada por el juez federal, el agente del Ministerio Público Militar solicitó al juez segundo Militar que remitiera la causa penal 239/2011 y su correlacionada 158/2012 al Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal, para dilucidar el conflicto competencial entre las justicias militar y federal. El 18 de agosto el médico fue notificado por un agente del Ministerio Publico Militar que se iniciaría ya el juicio competencial. El padre de Jorge Otilio Cruz Cruz anunció que por ahora no impugnará la decisión del juez y esperará que se decida qué instancia debe encargarse del expediente. En base a esa resolución tomará las medidas jurídicas correspondientes, aunque reiteró que pugnará que los siete soldados involucrados en el homicidio de su hijo comparezcan ante la justicia civil.

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