MÉXICO, D.F. (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de acotar el fuero castrense, representa un nuevo reto para el sistema de justicia civil que ahora tendrá que demostrar su capacidad de procesar a militares implicados en violaciones a derechos humanos, declaró Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional. Por medio de un comunicado, la organización con sede en Londres, Inglaterra, resaltó que el pronunciamiento de la mayoría de los ministros de la SCJN de este martes contra la aplicación de la justicia militar en el caso del asesinato del indígena Bonfilio Rubio Villegas, ocurrido en junio de 2009 en un retén militar, “debe sentar un precedente obligatorio para todos los casos de violaciones a los derechos humanos”. A través de Rupert Knox, AI conminó a la SCJN a que “se asegure de que esta histórica decisión de procesar casos de violaciones a derechos humanos en instancias civiles y no militares, sentará un precedente vinculante para todas las cortes del país”. El investigador apuntó que, con la reciente decisión de la Corte, “es el momento de que el sistema de justicia civil demuestre su capacidad e investigue, persiga y enjuicie a aquellos militares implicados en violaciones a derechos humanos y defienda los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”. AI hizo un reconocimiento a la SCJN por incorporar en su fallo los criterios de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México, que consideran la fracción II  del artículo 57 del Código de Justicia Militar contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que ordena su modificación, pendiente hasta ahora. En el boletín, la organización resalta que en contraste con la resolución de la SCJN, los poderes Ejecutivo y Legislativo “han fallado a su obligación de realizar reformas legislativas que habían sido ordenadas a través de la CoIDH, dejando a la SCJN la responsabilidad de actuar a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos”. La sentencia en el caso Rubio Villegas, agregó la organización, coincide también con la CoIDH de que “la jurisdicción militar sólo es aplicable en los casos en que los civiles no son ni acusados ni víctimas y deben limitarse a los casos relativos a la disciplina militar o a bienes jurídicos propios del orden militar”, de ahí que la determinación del martes, garantiza “el derecho de las víctimas a un recurso legal efectivo”. Amnistía recordó que desde hace más de 40 años víctimas de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han realizado campañas “para lograr terminar con al impunidad ante estos abusos, que la justicia militar ha contribuido a garantizar”. Agregó que en el contexto del debate, esa organización envió documentos a la SCJN para “solicitar que se limitará la jurisdicción militar, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos en los casos que recientemente fueron llevados ante la Corte por víctimas y defensoras de derechos humanos”. Para AI faltaría que la SCJN confirme el sentido de las tres últimas sentencias sobre el fuero militar, en otras dos más de 28 casos pendientes por analizar, para que se constituya la jurisprudencia, que permita el establecimiento de un criterio único para establecer que los asuntos en los que militares estén vinculados con violaciones a derechos humanos contra civiles,  sean remitidos a juzgados civiles. Celebran ONG’s fallo de la Corte Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos celebraron también la decisión de la SCJN de acotar el fuero de  guerra en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares. En un comunicado conjunto, las organizaciones alentaron a la SCJN para establecer “jurisprudencia compatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano”, evidentes en las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitidas entre 2009 a 2010, en las que se ordena la reforma al Código de Justicia Militar. Firmado por la Red de Organismos Civiles, Todos los derechos para todas y todos  (RTDT), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Equis, Justicia para las Mujeres, así como el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); JASS, Asociadas por lo Justo; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en el comunicado también se hace un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Poder Judicial Federal “para que hagan efectiva su competencia en casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por militares contra civiles, a efecto de que los abusos militares –hoy en constante aumento—no queden en la impunidad”. Sobre las indicaciones de la sentencia de la CoIDH para reformar el Código de Justicia Militar, las organizaciones demandaron a los poderes Legislativo y Ejecutivo a cumplir con el ordenamiento del tribunal interamericano, “a efecto de que sea armónico con estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos”. Las organizaciones resaltan que de reiterarse en por lo menos cuatro casos más el sentido del fallo del amparo 133/2012 relativo al homicidio del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, asesinado tras pasar un retén militar a bordo de un camión de pasajeros, “permitirá restringir el llamado fuero de guerra en los casos donde personal de las fuerzas castrenses cometa violaciones a derechos humanos en contra de civiles”. Lo anterior insisten, “garantizará que las víctimas directas o sus familiares no comparezcan ante autoridades militares incompetentes para hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y reparación de daño”, que serán jueces del fuero civil los que asuman la competencia.