MÉXICO, D.F. (apro).- El diferendo que libran el gobierno federal y MVS Comunicaciones por la banda de 2.5 GHz es un claro ejemplo de que los refrendos de las concesiones están supeditadas a negociaciones políticas, aseguró la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). En un comunicado difundido este jueves, el organismo sostuvo que “el escandaloso diferendo entre los intereses privados de una importante empresa y la autodefensa política de la Presidencia de la República acusan la perniciosa práctica de supeditar los refrendos de las concesiones a negociaciones de orden político”. Luego de que MVS dio a conocer que en la negociación para el refrendo de la concesión recibió presiones del gobierno para que no impugnara la operación Televisa-Iusacell y para que despidiera a la periodista Carmen Aristegui por hacer comentarios sobre el supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, la Amedi aseguró que la utilización de la banda de 2.5 GHz como recurso para amagar a un medio de comunicación, confirma el empleo faccioso que el gobierno de Calderón ha hecho del espectro radioeléctrico. “Las develaciones y acusaciones sobre esa negociación, injustificadamente extensa, dan cuenta del uso y el abuso político con las frecuencias radioeléctricas”, insistió. Por otra parte, destacó que tras la guerra de declaraciones no se conocen los criterios para establecer el monto de la contraprestación decidida por la autoridad. “Llama poderosamente la atención que ahora la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) esgrima que el rescate de la banda lo hace atendiendo a las recomendaciones internacionales, cuando ha sido omisa ante un sinnúmero de recomendaciones de organismos internacionales para revertir la concentración de medios electrónicos y servicios de telecomunicaciones que tanto afectan al país”, apuntó. El pasado domingo 19, la SCT aseguró que el rescate de la banda 2.5 GHz obedece sólo al beneficio social que implica destinar esta parte del espectro a servicios de banda ancha móvil y no a la petición que hicieran Televisa y la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) en 2008. De acuerdo con el subsecretario de Comunicaciones de la dependencia, Héctor Olavarría, esas peticiones se hicieron hace mucho tiempo. “Si realmente atendiéramos a los intereses de algún grupo de interés económico hubiéramos actuado entonces en ese caso hace muchos años”, afirmó el funcionario en entrevista con Notimex. Los concesionarios cuentan con plena libertad de presentar los escritos que consideren convenientes a sus intereses, sin embargo es facultad de la autoridad valorarlos y determinar las acciones que correspondan en bien del interés público, agregó. “En el caso de las peticiones tanto de la Canitec como de Cablevisión, se recibieron los escritos y nada más. Han pasado años desde que fueron presentados y cómo es posible que ahora quieran ligar la presentación de esos escritos con la resolución que está tomando en este momento la autoridad”, cuestionó en esa ocasión el funcionario de la SCT.